¿Se le acabó la paciencia a la asamblea? Naturgy en el ojo del huracán por los recibos de luz

La molestia por los recibos eléctricos ya no cabe en las redes sociales, ni en las filas de reclamos, ni en las oficinas de atención al cliente. Llegó a la Asamblea Nacional. La presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, recibió a representantes del Comité por la Defensa de los Servicios Públicos, quienes solicitaron la instalación de una mesa de trabajo para atender las constantes quejas ciudadanas relacionadas con el servicio eléctrico y los altos montos reflejados en las facturas.

Y aquí Naturgy tiene un problema serio.

Porque cuando miles de usuarios empiezan a repetir la misma historia —recibos que suben, consumos que no entienden, cambios de medidores cuestionados, lecturas discutidas y respuestas que no satisfacen— ya no estamos hablando de uno o dos clientes molestos. Estamos hablando de una crisis de confianza.

La propia ASEP tuvo que intervenir. En julio ordenó a las distribuidoras, entre ellas EDEMET y EDECHI de Naturgy, ejecutar un plan obligatorio para corregir quejas por alto consumo, cambios de medidores, demoras en la atención, fluctuaciones de voltaje y ciclos de lectura superiores al período establecido. Es decir: los problemas no son un invento de las redes sociales; el regulador los identificó formalmente.

Después, la ASEP volvió a sentar a las empresas y exigió agilizar los reclamos por alto consumo, reducir los tiempos de respuesta y presentar una factura más clara y entendible. Incluso advirtió que no bastan promesas corporativas: deben existir resultados comprobables para los clientes.

Entonces la pregunta es obligatoria:

¿Cuánto más tiene que pagar y reclamar el ciudadano antes de que alguien ponga orden de verdad?

Naturgy puede explicar sus tarifas, defender sus procesos y mostrar sus estadísticas. Está en su derecho. Pero el usuario también tiene derecho a algo mucho más básico: saber exactamente qué está pagando, por qué lo está pagando y tener la certeza de que su consumo fue correctamente medido.

Y ahora el tema escaló políticamente.

Si la presidenta de la Asamblea recibe a grupos ciudadanos que exigen una mesa de trabajo, si la ASEP mantiene fiscalización permanente sobre la facturación y si las quejas siguen creciendo, entonces Naturgy ya no puede manejar esto como un simple asunto de relaciones públicas.

Esto se convirtió en un problema nacional.

Porque la electricidad no es un lujo. No es una aplicación que se cancela cuando sube de precio. Es un servicio esencial. La necesitan las familias, los pequeños comercios, los productores, los hospitales y las empresas.

Por eso esta mesa de trabajo, si finalmente se instala, no puede convertirse en otra reunión para tomarse fotografías, escuchar discursos y después dejar todo igual.

Tiene que revisar casos. Tiene que exigir respuestas. Tiene que identificar errores. Y si existen cobros incorrectos, tienen que corregirse y devolverse hasta el último centavo que corresponda.

Naturgy debería leer bien el ambiente.

La paciencia del consumidor panameño se está agotando. Y parece que la paciencia política también.

Ahora falta saber quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato.