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El proyecto de ley 51, impulsado originalmente por la diputada Dana Castañeda con el propósito de combatir la suplantación digital y la utilización maliciosa de herramientas tecnológicas, ha encendido las alarmas entre los principales gremios periodísticos del país tras la incorporación de reformas relacionadas con el artículo 196 del Código Penal.
La controversia surge a raíz de modificaciones propuestas durante la discusión legislativa que, según organizaciones de periodistas, podrían volver a abrir la puerta a sanciones penales por expresiones dirigidas contra funcionarios públicos.
Lo que comenzó como una iniciativa enfocada en enfrentar los contenidos falsos, las manipulaciones digitales y el uso indebido de inteligencia artificial terminó convirtiéndose, para sectores de la prensa nacional, en un peligroso debate sobre los límites de la crítica pública.
El Consejo Nacional de Periodistas, el Foro de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron conjuntamente su rechazo a que una regulación destinada a combatir contenidos digitales fraudulentos sea utilizada para incorporar disposiciones que puedan restringir la libertad de expresión.
Los gremios han dejado claro que respaldan la discusión sobre mecanismos que permitan combatir la suplantación de identidad, los llamados deepfakes y otras formas de manipulación tecnológica. Sin embargo, consideran que ese debate debe mantenerse separado de cualquier intento por penalizar opiniones, cuestionamientos o expresiones relacionadas con quienes ejercen funciones públicas.
Para las organizaciones periodísticas, los funcionarios administran recursos del Estado, toman decisiones que afectan directamente a los ciudadanos y, por esa razón, deben permanecer sometidos a un mayor nivel de fiscalización, cuestionamiento y escrutinio público.
La preocupación central es que una legislación concebida para proteger a las personas frente a nuevas amenazas digitales termine convirtiéndose en una herramienta susceptible de ser utilizada para intimidar periodistas, medios de comunicación, comunicadores y ciudadanos críticos del poder.
Los gremios han solicitado que el país abra una discusión seria e independiente sobre inteligencia artificial, redes sociales, desinformación y suplantación digital, pero sin utilizar estas nuevas tecnologías como justificación para retroceder en derechos fundamentales.
Panamá necesita reglas para enfrentar los abusos de la inteligencia artificial. Pero esas reglas no pueden construirse a costa de uno de los pilares esenciales de cualquier democracia: el derecho de la prensa y de los ciudadanos a preguntar, investigar, denunciar y criticar al poder sin temor a represalias penales.
Por eso, mientras avance el debate legislativo, una pregunta comienza a imponerse: ¿estamos frente a una ley para combatir la manipulación digital o frente a una nueva mordaza disfrazada de regulación tecnológica?
