Hay decisiones que se anuncian y terminan olvidadas entre discursos, reuniones y promesas. Y hay otras que, cuando llega el momento, se convierten en hechos. Esta semana, el contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, pasó de las palabras a la acción.
La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas formalizaron la suspensión de la compra de vehículos nuevos para las instituciones del Estado, una medida dirigida a contener el gasto público y poner orden en el manejo de la flota oficial.
Y esto no es un tema menor.
Durante años, mientras el ciudadano común aprieta el bolsillo para pagar combustible, mantenimiento, seguros y reparaciones de su propio vehículo, el Estado ha tenido que asumir millones en esos mismos gastos para sostener una enorme flota institucional. Comprar un automóvil oficial no termina cuando se paga la factura: allí comienza una cadena permanente de costos que finalmente sale del bolsillo de todos los panameños.
Bolo Flores lo había advertido: antes de seguir comprando carros, había que revisar lo que ya existe, ordenar la casa y determinar qué adquisiciones realmente son necesarias.
Ahora lo hizo.
La circular firmada junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, establece que queda suspendida la adquisición de nuevos vehículos por parte de las entidades estatales. La decisión alcanza ampliamente a instituciones de los distintos órganos del Estado, entidades autónomas, municipios y otras dependencias públicas.
La señal es clara: el dinero público tiene que administrarse como si fuera nuestro, porque precisamente lo es.
Por supuesto, el Estado no puede paralizarse. Habrá instituciones con necesidades operativas reales. Para esos casos se contempla la posibilidad de contratar vehículos mediante alquiler, con mantenimiento y seguros incluidos, siempre bajo condiciones limitadas al período fiscal correspondiente.
Pero el principio cambia: ya no debe ser automático comprar un carro nuevo cada vez que una institución diga necesitarlo.
Primero habrá que justificarlo. Primero habrá que demostrar que realmente hace falta.
Eso es lo que muchos ciudadanos llevan años exigiendo: austeridad no solamente en los discursos, sino en las decisiones.
En momentos en que Panamá necesita cuidar cada balboa, priorizar hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y programas sociales, resulta difícil justificar gastos innecesarios en vehículos oficiales cuando existen alternativas y cuando parte de la flota estatal puede ser utilizada de manera más eficiente.
Anel “Bolo” Flores dijo que pondría un alto. Y esta vez, el alto llegó.
Más allá de nombres, simpatías o diferencias políticas, cuando una autoridad toma una decisión que busca proteger los recursos públicos, hay que reconocerla.
Porque gobernar también significa saber gastar.
Y fiscalizar significa tener el valor de decir: hasta aquí.
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