¡Soberanía! ¿Quién controla realmente ENSA? El 51% está en manos de una empresa 100% pública de Medellín

Hay temas que no pueden analizarse únicamente desde la óptica de los negocios. La distribución de energía eléctrica es un asunto estratégico, de seguridad nacional y de soberanía. Y Panamá debería comenzar a discutir seriamente una realidad que durante años parece haber pasado casi inadvertida: el accionista mayoritario de ENSA no es una empresa privada extranjera cualquiera. Es Empresas Públicas de Medellín, EPM, una compañía cuyo único propietario es el Distrito de Medellín, Colombia.

Los números son contundentes. La propia ENSA reconoce oficialmente que su composición accionaria está dividida en 51% para el Grupo EPM, 48.3% para el Estado panameño y 0.7% para empleados y extrabajadores. Es decir, Panamá posee una participación gigantesca, pero el paquete mayoritario pertenece a EPM.

Y aquí comienza la discusión que considero indispensable.

EPM establece en su propia documentación corporativa que *el Municipio de Medellín es su propietario único. Además, la propiedad es ejercida a través del alcalde de Medellín, quien preside la Junta Directiva de EPM, designa al gerente general y tiene una influencia determinante en la conformación de la junta. La estructura podrá tener autonomía administrativa, gobierno corporativo y reglas internas, pero jurídicamente estamos hablando de *una empresa industrial y comercial del Estado colombiano del orden municipal.

Entonces aparece una pregunta incómoda:

¿Puede una empresa propiedad de un gobierno extranjero mantener el control mayoritario de una empresa eléctrica mixta panameña?

La interrogante no es caprichosa.

El artículo 45 de la Ley 6 de 1997, marco regulatorio del sector eléctrico panameño, establece que pueden participar empresas nacionales o extranjeras, privadas o mixtas. Pero contiene una frase que merece ser examinada con lupa jurídica: “Las empresas de capital mixto no podrán ser controladas por gobiernos extranjeros.”

No estoy afirmando desde estas líneas que exista automáticamente una ilegalidad. Eso correspondería determinarlo a las autoridades competentes y requeriría estudiar los contratos originales, estatutos, pactos de accionistas, concesiones y la interpretación jurídica que se dio al concepto de “control” cuando EPM adquirió esa participación.

Pero precisamente por eso Panamá merece una explicación pública.

Porque una cosa es permitir inversión extranjera —absolutamente necesaria para nuestra economía— y otra muy distinta es analizar si una infraestructura crítica nacional puede quedar bajo control corporativo de una entidad cuyo propietario final es un gobierno extranjero.

Y existe además otro elemento que vuelve este asunto todavía más sensible.

EPM reconoce que transfiere excedentes al Municipio de Medellín. Su política establece transferencias ordinarias equivalentes al 30% de la utilidad neta ajustada, pudiendo existir transferencias adicionales bajo determinadas condiciones.

Por eso la discusión no debe degenerar en xenofobia ni convertirse en un ataque contra Colombia, Medellín o EPM. Ese no es el punto.

El punto es Panamá.

El punto es determinar si nuestros activos estratégicos están estructurados de manera compatible con nuestra legislación y, sobre todo, con nuestros intereses nacionales.

ENSA distribuye electricidad en Panamá, Colón, Darién, Guna Yala y otras áreas del país. Estamos hablando de un servicio indispensable para hogares, hospitales, empresas, comercios, telecomunicaciones y funcionamiento del Estado.

Por eso considero que la ASEP, la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y los organismos correspondientes deberían explicar públicamente cómo se interpreta el artículo 45 frente a la estructura accionaria actual de ENSA.

Sin escándalos artificiales. Sin acusaciones anticipadas.

Pero también sin mirar hacia otro lado.

Porque cuando está involucrada la electricidad de una nación, la pregunta nunca puede reducirse exclusivamente a quién administra mejor o quién genera mayores dividendos.

La pregunta superior debe ser:

¿Quién tiene realmente el control?

Y cuando hablamos de sectores estratégicos, esa respuesta también se llama SOBERANÍA.