Viceministro del MEF quiere desconocer un contrato, 20 años de trabajo y 50 millones invertidos

Veinte años no se borran con una firma. Cincuenta millones de dólares no desaparecen porque un funcionario decida mirar hacia otro lado. Detrás de Naos Harbour Island no solamente existen edificios, terrenos y documentos: existen dos décadas de trabajo, empleos, compromisos financieros y una inversión levantada bajo la confianza de que el Estado panameño respetaría su propia palabra.

Hoy, esa confianza parece estar siendo golpeada desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas. En medio de conversaciones, avalúos oficiales y negociaciones relacionadas con la posible adquisición de los terrenos, se pretende desconocer un contrato y poner en peligro todo lo construido por el empresario Marcos Shrem. Lo doloroso no es solamente la resolución administrativa: es la sensación de que veinte años de esfuerzo pueden convertirse en papel mojado por la voluntad de un despacho.

Panamá no puede pedir inversión mientras castiga a quienes ya invirtieron. No puede ofrecer seguridad jurídica en conferencias internacionales y luego, puertas adentro, cambiar las reglas cuando el capital ya fue colocado, las estructuras fueron levantadas y los riesgos fueron asumidos por el empresario. Eso no es únicamente una controversia contractual: es una herida directa a la credibilidad del país.

Si hubo incumplimientos, deben demostrarse con expedientes, pruebas y debido proceso. Pero resolver de un plumazo una relación contractual de dos décadas, mientras existen actuaciones judiciales y conversaciones previas con el propio Estado, proyecta una imagen devastadora: la de un gobierno capaz de negociar con una mano y retirar la silla con la otra.

Defender a Marcos Shrem no significa regalarle terrenos públicos ni colocarlo por encima de la ley. Significa exigir que el Estado también esté sometido a la ley, respete sus compromisos y reconozca las inversiones realizadas de buena fe. Los funcionarios pasan; las consecuencias de sus decisiones permanecen.

Porque detrás de esos 50 millones de dólares no hay solamente concreto. Hay años de sacrificios, trabajadores, acreedores, compradores y familias que confiaron en el proyecto. Desconocer todo eso sería convertir la seguridad jurídica en una promesa vacía y enviar al mundo una advertencia peligrosa: en Panamá se puede invertir durante veinte años y perderlo todo por la decisión de un funcionario.