Dinoska Montalvo y el Plan Libertad: no dejemos morir la esperanza por una fuga aún por esclarecer

Hay momentos en la vida pública de un país en los que una crisis amenaza con borrar, de un solo golpe, todo lo bueno que se venía construyendo. Panamá atraviesa uno de esos momentos.

La reciente fuga masiva de privados de libertad en La Joyita es un hecho grave, doloroso y preocupante. Nadie puede minimizarlo. Nadie puede mirar hacia otro lado. El país merece respuestas, investigaciones profundas, responsabilidades claras y medidas firmes para que un episodio de esta magnitud no vuelva a repetirse.

Pero también es cierto que una fuga, por grave que sea y por más indignación que produzca, no puede convertirse en una sentencia de muerte contra los avances en materia de resocialización que viene impulsando la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a través del Plan Libertad.

Sería injusto. Sería miope. Y, sobre todo, sería profundamente inhumano.

El Plan Libertad representa una visión distinta del sistema penitenciario. Una visión que entiende que las cárceles no pueden seguir siendo depósitos de seres humanos, escuelas del resentimiento o espacios donde la sociedad encierra un problema para olvidarse de él. Una visión que se atreve a decir que el castigo sin transformación no corrige, que la condena sin oportunidad no resocializa y que una persona privada de libertad también puede reconstruirse, aprender, trabajar, servir y volver a empezar.

Eso es lo noble del proyecto. Eso es lo humano. Eso es lo que no podemos permitir que se empañe.

Dinoska Montalvo ha puesto sobre la mesa una idea que Panamá venía postergando desde hace demasiado tiempo: la seguridad no se construye solamente con muros, candados y custodios. La seguridad también se construye con educación, disciplina, trabajo, oportunidades y reinserción real. Un privado de libertad que aprende un oficio, que recupera hábitos de responsabilidad, que trabaja para mejorar una escuela, un parque, un centro comunitario o un espacio público, no solo está pagando una deuda con la sociedad; también está sembrando la posibilidad de no volver a delinquir.

Y esa posibilidad vale oro.

Por supuesto, el país tiene derecho a exigir explicaciones por lo ocurrido en La Joyita. La fuga debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Si hubo negligencia, complicidad, fallas administrativas, debilidades operativas o corrupción, deben tomarse decisiones firmes. La autoridad no puede temblar frente al desorden. La ley debe imponerse. La confianza ciudadana debe ser defendida.

Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy distinta es destruir una política pública que apunta hacia la transformación del ser humano.

No podemos confundir una crisis de seguridad, aún por esclarecer, con el fracaso de una visión de resocialización. No podemos permitir que el ruido de un hecho lamentable silencie el valor de un programa que busca rescatar vidas. No podemos dejar atrás los avances en materia de resocialización de Dinoska Montalvo y su Plan Libertad por una fuga masiva que todavía exige respuestas, investigación y claridad.

El país necesita mano firme, sí. Pero también necesita corazón. Necesita autoridad, pero también humanidad. Necesita cárceles seguras, pero también cárceles que transformen. Porque si el sistema penitenciario solo encierra y no reforma, entonces tarde o temprano la sociedad recibe de vuelta a personas más heridas, más endurecidas y más alejadas de toda posibilidad de cambio.

El Plan Libertad parte de una verdad incómoda, pero necesaria: algún día muchos privados de libertad saldrán nuevamente a la calle. La pregunta es sencilla: ¿queremos que salgan igual o peor de como entraron, o queremos que salgan con herramientas para trabajar, convivir y reconstruir su vida?

Esa es la verdadera discusión.

Por eso, en medio de la indignación legítima que provoca una fuga de esta magnitud, Panamá debe tener la madurez de separar las cosas. Investigar la fuga, sí. Corregir las fallas, sí. Sancionar a los responsables, sí. Fortalecer la seguridad penitenciaria, sí. Pero abandonar el Plan Libertad sería castigar la esperanza de quienes sí están intentando cambiar.

Sería apagar una luz porque hubo una sombra.

Dinoska Montalvo ha defendido una apuesta difícil, porque hablar de segundas oportunidades nunca es popular en sociedades heridas por la inseguridad. Es más fácil pedir castigo que hablar de reinserción. Es más fácil exigir encierro que pensar en transformación. Pero gobernar también exige valentía para mirar más allá del aplauso inmediato y apostar por soluciones de fondo.

El Plan Libertad no es ingenuidad. Es precisamente lo contrario. Es entender que un sistema penitenciario moderno debe tener control, disciplina y vigilancia, pero también programas que reduzcan la reincidencia. Es comprender que cada persona resocializada representa una víctima menos, una familia restaurada, una comunidad más segura y un país más humano.

La fuga de La Joyita debe marcar un antes y un después en materia de control penitenciario. Pero no debe convertirse en excusa para retroceder en la humanización del sistema.

Panamá no puede darse el lujo de abandonar un proyecto noble en el momento en que más necesita demostrar que la justicia también puede tener propósito. El Plan Libertad debe revisarse, fortalecerse y blindarse, no destruirse. Porque cuando un programa busca convertir condena en aprendizaje, encierro en productividad y dolor en oportunidad, lo correcto no es sepultarlo ante la primera gran crisis, sino defenderlo con más rigor, más transparencia y más compromiso.

La fuga debe esclarecerse. Los responsables deben responder. La seguridad debe reforzarse.

Pero la esperanza no debe fugarse también.

Porque si algo necesita hoy Panamá no es menos resocialización, sino una resocialización más humana.