Cuando la minería no se ordena, el crimen organizado toma el control

Las imágenes que circulan sobre supuestas operaciones militares en el Arco Minero de Venezuela deben ser tomadas con cautela. Algunas publicaciones hablan de marines estadounidenses, rescates, abatidos y golpes contra bandas criminales, pero hasta ahora lo responsable es separar lo confirmado de lo que aún pertenece al terreno de la propaganda, la desinformación o la narrativa de redes. Lo que sí parece claro es algo más profundo: donde el Estado se ausenta, donde la ley no ordena y donde la minería se convierte en tierra de nadie, el crimen organizado entra, se instala y manda.

Y esa reflexión no es solo para Venezuela. Es también para Panamá.

Durante años, muchos panameños han discutido la minería desde una sola emoción: miedo, rabia o rechazo. Pero un país serio no puede vivir atrapado entre consignas. La verdadera pregunta no es si la minería gusta o no gusta. La pregunta es quién controla el territorio, bajo qué reglas, con qué fiscalización, con qué beneficios para el país y con qué responsabilidad ambiental.

Porque cuando una actividad económica existe, pero no se regula con firmeza, no desaparece. Simplemente cambia de manos. Sale del marco legal y cae en manos de redes ilegales. Allí donde antes podía haber impuestos, empleos, trazabilidad, controles ambientales y responsabilidad empresarial, aparece la maquinaria clandestina: motobombas, mercurio, trata de personas, lavado de dinero, bandas armadas, corrupción y destrucción sin rostro.

Panamá ya ha visto señales peligrosas. Autoridades panameñas han reportado golpes contra minería ilegal en zonas como Darién, donde MiAmbiente, Senafront y el Ministerio Público han advertido sobre daños a bosques y ríos por operaciones clandestinas. También se han conocido casos en Coclé del Norte, donde fueron desmantelados campamentos vinculados a minería ilegal. (MiAmbiente – Ministerio de Ambiente)

Entonces, el debate debe madurar. No se trata de defender una minería salvaje, ni de entregar nuestros recursos a cualquiera, ni de repetir errores del pasado. Se trata de entender que prohibir, cerrar o paralizar sin una política seria también puede abrirle la puerta a algo peor: la minería criminal.

Panamá aprobó la Ley 407 de 2023, que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica, y luego el Estado tuvo que asumir el complejo proceso de cierre ordenado de Cobre Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406. Ese proceso no es un simple candado en una puerta. Es una responsabilidad técnica, ambiental, económica y social que requiere Estado, conocimiento, vigilancia y transparencia. (Gaceta Oficial)

La experiencia venezolana debe verse como una advertencia. En el Arco Minero, organismos internacionales han señalado durante años la presencia de minería ilegal, grupos armados, violencia, afectación a pueblos indígenas y economías ilícitas en estados como Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. (OAS) Eso no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cuando el territorio se degrada, cuando la institucionalidad se debilita y cuando los criminales descubren que el oro, el cobre, los minerales y la necesidad humana son más rentables que la ley.

Por eso hay que hacer una pregunta incómoda: ¿quién gana cuando el debate minero se reduce a gritos y no a soluciones?

Gana el político que manipula la emoción. Gana el activista que vive de la confrontación permanente. Gana el empresario irresponsable que no quiere controles. Gana el criminal que prefiere una selva sin Estado. Gana el que financia narrativas para bloquear toda discusión seria, mientras en silencio otros explotan el territorio sin permisos, sin impuestos, sin empleos formales y sin reparar ningún daño.

La narrativa ecologista también debe revisarse con honestidad. Panamá necesita ambientalistas serios, científicos, comunidades vigilantes y ciudadanos defensores de la naturaleza. Pero una cosa es el ecologismo responsable y otra muy distinta es una narrativa financiada, manipulada o utilizada para impedir cualquier conversación técnica. Defender el ambiente no puede significar cerrar los ojos ante la minería ilegal. Proteger la naturaleza no puede convertirse en una excusa para dejar territorios abandonados al crimen organizado.

El verdadero ambientalismo exige control. Exige presencia del Estado. Exige tecnología. Exige monitoreo satelital. Exige auditorías independientes. Exige castigo penal para la minería ilegal. Exige que cada actividad extractiva, si existe, esté sometida a reglas claras, severas y transparentes. Lo demás es romanticismo peligroso.

Panamá debe aprender antes de que sea tarde. No podemos permitir que el país caiga en una falsa disyuntiva entre “minería sí” o “minería no”. La verdadera discusión debe ser: minería legal, responsable, fiscalizada y con beneficio nacional, o minería ilegal, criminal, contaminante y controlada por mafias.

Porque el subsuelo no desaparece porque una ley lo diga. Los minerales siguen allí. Y donde hay riqueza sin vigilancia, siempre aparece alguien dispuesto a tomarla por la fuerza.

El país necesita una política minera de Estado, no una guerra de consignas. Necesita saber qué zonas se protegen absolutamente, qué zonas requieren restauración, qué pasará con los trabajadores, cómo se vigilarán las áreas cerradas, cómo se perseguirá la minería ilegal y cómo se evitará que Panamá repita modelos de caos como los que hoy golpean a regiones de Venezuela y de la Amazonía.

La pregunta para los panameños es directa: ¿queremos que el futuro de nuestros recursos lo decida la ley o lo decidan las mafias?

Porque cuando el Estado no regula, no controla y no ocupa el territorio, alguien más lo hace.

Y ese alguien, casi nunca, viene a cuidar los ríos. Viene por el oro, por el dinero y por el poder.