El Gobierno da el primer paso para el primer complejo carcelario de primer mundo en Provincias Centrales; el reto será encontrar el constructor que lo haga

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno y PanamáCompra, ha dado un paso trascendental con el lanzamiento de la licitación pública internacional para el estudio, diseño y construcción del Nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, una obra presupuestada en 177.2 millones de dólares y ubicada estratégicamente en Divisa, corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María.

No se trata de una cárcel más. Se trata de una infraestructura que, si se ejecuta correctamente, puede convertirse en el primer complejo penitenciario de primer mundo en el interior del país, diseñado no solo para custodiar, sino también para ordenar, clasificar, rehabilitar y dignificar un sistema penitenciario que desde hace años reclama soluciones serias, modernas y permanentes.

La realidad actual es contundente. Las cárceles de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas albergan a más de dos mil privados de libertad en infraestructuras concebidas para una capacidad muy inferior. Ese hacinamiento no solo afecta a los internos; también golpea a los custodios, al personal administrativo, al sistema judicial y a la propia seguridad pública.

Por eso, este proyecto no debe verse únicamente como una obra de concreto, hierro y tecnología. Debe entenderse como una decisión de Estado. Una cárcel moderna, bien diseñada y bien construida, puede ser una herramienta de seguridad, control, reinserción y respeto a los derechos humanos.

El nuevo complejo está proyectado para albergar a 3,000 privados de libertad, entre procesados y condenados, con pabellones independientes de mínima, media y alta seguridad. Además, contempla bloques administrativos, clínicas médicas, cocinas industriales, comedores, talleres de capacitación laboral, aulas de estudio, biblioteca, áreas deportivas, sistemas biométricos, esclusas automatizadas, videovigilancia, redes cerradas de telecomunicaciones, plantas de tratamiento de aguas residuales, drenajes pluviales, acometidas eléctricas de media tensión y plantas de emergencia.

En otras palabras, no estamos hablando de una obra tradicional. Estamos frente a un proyecto de alta complejidad técnica, estructural, logística y humana.

Y allí está el verdadero reto: no basta con licitar la obra; hay que encontrar al constructor capaz de hacerla realidad.

Panamá ya conoce la diferencia entre adjudicar una obra y terminarla bien. La historia reciente del país ha demostrado que los megaproyectos públicos requieren algo más que una oferta económica atractiva. Requieren experiencia comprobada, músculo financiero, capacidad técnica, manejo de cronogramas, equipos especializados, cumplimiento, transparencia y, sobre todo, compromiso con entregar.

Por eso, el Gobierno debe mirar este proceso con lupa. Una obra penitenciaria de este nivel no puede quedar en manos de improvisados, ni de empresas que ganen en papel pero no puedan responder en campo. Este complejo necesita un constructor con experiencia en proyectos de gran escala, capaz de coordinar múltiples frentes de trabajo, integrar tecnología, cumplir normas de seguridad y entregar una infraestructura funcional.

El perfil debe ser similar al de quienes han demostrado capacidad para levantar megaproyectos complejos como la Ciudad de la Salud: obras donde convergen ingeniería, logística, sistemas especiales, equipamiento, urbanismo interno, seguridad, servicios básicos y una visión integral de operación. Esa es la clase de experiencia que se necesita cuando se pretende construir algo que no puede fallar.

Porque una cárcel mal diseñada se convierte en un problema permanente. Una cárcel mal construida se convierte en un riesgo para todos. Pero una cárcel moderna, segura, funcional y humana puede marcar un antes y un después en la política penitenciaria panameña.

El país necesita centros penitenciarios donde exista separación real por perfiles, donde los procesados no convivan de forma desordenada con condenados, donde haya espacios para educación, trabajo, salud, disciplina y reinserción. La seguridad no se logra únicamente con muros altos; se logra con planificación, tecnología, personal capacitado y estructuras que permitan control efectivo.

Este proyecto también representa una oportunidad para Provincias Centrales. Su construcción generará movimiento económico, empleos directos e indirectos, contratación de servicios, compra de materiales y dinamismo regional. Pero su impacto más importante será institucional: dotar al interior del país de una infraestructura penitenciaria acorde con los desafíos de seguridad del presente.

El presidente José Raúl Mulino y el Ministerio de Gobierno tienen en sus manos una oportunidad importante. Si este proyecto se ejecuta con seriedad, puede convertirse en una obra emblemática de su administración. Pero para lograrlo, la licitación debe ser transparente, rigurosa y orientada a resultados.

El país no necesita otra promesa inconclusa. Necesita una obra terminada, funcionando y bien administrada.

El primer paso ya está dado. Ahora viene lo más difícil: seleccionar al constructor correcto, exigir calidad, fiscalizar cada etapa y garantizar que los 177.2 millones de dólares se traduzcan en una infraestructura de primer nivel.

Panamá merece un sistema penitenciario moderno. Provincias Centrales merece una solución real. Y el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que, cuando se hacen las cosas bien, las obras públicas pueden transformar no solo el paisaje, sino también la confianza en el Estado