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En Panamá pareciera que la memoria colectiva dura menos que un ciclo electoral. Mientras el país exige transparencia, rendición de cuentas y un verdadero cambio en la forma de administrar los recursos públicos, sorprende observar cómo ciertas empresas continúan participando en millonarias licitaciones estatales a pesar de arrastrar un historial que debería generar profundas dudas sobre su idoneidad.
Es el caso de BAGATRAC y de su propietario, conocido públicamente como «Beto» Bagatrac.
La empresa ha estado en el ojo de la tormenta por diversas razones. Entre ellas, el reconocimiento en tribunales de haber participado en esquemas de pago de coimas, un hecho que en cualquier país donde la ética pública sea tomada en serio sería motivo suficiente para impedir temporal o permanentemente la participación en contrataciones estatales.
Pero las controversias no terminan allí.
Comunidades de San Félix han denunciado reiteradamente los daños ocasionados al río San Félix producto de un presunto dragado ilegal que habría alterado el ecosistema de la zona, afectando recursos naturales que pertenecen a todos los panameños. A esto se suman señalamientos relacionados con afectaciones a servicios básicos que dejaron sin energía eléctrica a sectores de la población.
Sin embargo, lejos de enfrentar consecuencias que limiten su acceso a los recursos del Estado, hoy BAGATRAC figura como aspirante a una licitación valorada en aproximadamente 25 millones de dólares para la construcción de un intercambiador vial en David, provincia de Chiriquí.
La pregunta es inevitable: ¿qué mensaje se le está enviando al país?
Más preocupante aún resulta observar cómo, recientemente, representantes de la empresa fueron protagonistas de actividades públicas y sociales, incluyendo su abanderamiento en una cabalgata junto al alcalde del distrito. Aunque toda persona y empresa tienen derecho a participar en la vida social y comunitaria, la cercanía entre actores políticos y contratistas cuestionados inevitablemente genera suspicacias y alimenta la percepción de que en Panamá existen ciudadanos de primera y de segunda categoría frente a la ley.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y proyectar una nueva imagen de transparencia y eficiencia. Ese objetivo no puede lograrse únicamente con discursos. También requiere decisiones firmes y coherentes respecto a quiénes administran, construyen y ejecutan obras financiadas con dinero de todos los panameños.
Cuando una empresa ha sido vinculada a escándalos de corrupción, ha admitido responsabilidades ante tribunales y continúa acumulando cuestionamientos por parte de comunidades afectadas, resulta legítimo preguntarse si debe seguir teniendo acceso privilegiado a contratos millonarios del Estado.
La confianza pública es un activo demasiado valioso para ponerlo en riesgo.
Si Panamá realmente aspira a construir una nueva cultura de transparencia, empresas con antecedentes tan controvertidos como BAGATRAC deberían estar sujetas a los más estrictos controles y evaluaciones antes de participar en licitaciones públicas. De lo contrario, el mensaje para los ciudadanos es devastador: que en este país las faltas pueden olvidarse, las denuncias pueden ignorarse y los millones del Estado siguen estando al alcance de quienes nunca debieron perderlos.
Porque la verdadera transformación no se mide por los discursos, sino por las decisiones que se toman cuando nadie quiere incomodar a los poderosos.
