El Procurador Investiga al Clan Familiar de Etelvina Bonagas

La noticia que hoy sacude a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) no puede verse como un simple trámite administrativo ni como una persecución política improvisada. Cuando el Procurador General de la Nación solicita al Registro Público rastrear propiedades, sociedades, fundaciones y vínculos patrimoniales de una rectora y de 12 familiares directos, estamos ante un hecho de enorme gravedad institucional.

El caso de Etelvina Medianero de Bonagas deja de ser únicamente un debate universitario para convertirse en un tema nacional de transparencia, manejo de fondos públicos y posible concentración de poder familiar alrededor de una institución del Estado.

Durante años, la UNACHI ha estado envuelta en denuncias sobre favoritismos, cuestionamientos administrativos, aumentos salariales, contrataciones polémicas y una estructura de control que muchos calificaban como un “feudo universitario”. Hoy, las investigaciones parecen comenzar a buscar respuestas más profundas: el patrimonio, las sociedades y las conexiones familiares que rodean a quienes han manejado una universidad pública con presupuestos millonarios.

Lo delicado del asunto no es solamente la cantidad de propiedades o sociedades encontradas. Tener bienes o empresas no constituye delito. Lo verdaderamente preocupante es el posible cruce entre poder político, influencia institucional y beneficios económicos dentro de un mismo núcleo familiar.

La investigación alcanza hijos, hermanos, yernos y personas cercanas que aparecen vinculadas a fundaciones, sociedades anónimas y bienes inmuebles. Además, el Ministerio Público busca determinar si existieron estructuras jurídicas utilizadas para ocultar beneficiarios reales o mover patrimonio bajo distintas figuras legales.

Todo esto ocurre mientras Panamá exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La UNACHI no es una empresa privada ni una herencia familiar. Es una universidad financiada por el pueblo panameño. Cada dólar administrado allí pertenece a los contribuyentes y debe responder a principios de ética, legalidad y rendición de cuentas.

También resulta inevitable preguntarse cómo una sola administración logró mantenerse durante tantos años acumulando tanto poder político, económico y administrativo sin que los organismos de control actuaran con mayor contundencia antes.

Ahora le corresponde al Ministerio Público demostrar, con pruebas y no con titulares, si existen delitos o irregularidades. Y le corresponde igualmente a la rectora y a su círculo familiar ejercer su derecho a defenderse.

Pero algo ya quedó claro: Panamá atraviesa un momento donde la ciudadanía ya no tolera estructuras públicas manejadas como clanes familiares.

La investigación apenas comienza, pero el mensaje político y social es contundente: nadie debe estar por encima del escrutinio público, mucho menos quienes administran instituciones financiadas por todos los panameños.