Panamá vuelve a estremecerse ante un nuevo episodio que alimenta la desconfianza ciudadana. Esta vez, el nombre de José Gabriel “Gaby” Carrizo, exvicepresidente de la República, queda en el centro de la polémica tras una denuncia penal por presunto peculado de uso, relacionada con la utilización de una aeronave del Estado para fines no oficiales.
Según la denuncia, Carrizo habría utilizado la aeronave HP-20A, un Cessna Grand Caravan 208B, propiedad del Estado y administrada por la Autoridad de Aeronáutica Civil, para realizar vuelos con fines políticos y personales, lo que, de comprobarse, representaría un uso indebido de recursos públicos.
Pero el escándalo no termina ahí.
El documento también hace referencia a un supuesto consumo de bebidas alcohólicas durante estos traslados, lo que ha encendido aún más la indignación pública, al tratarse de gastos que, presuntamente, habrían sido cubiertos con fondos del Estado, es decir, con el dinero de todos los panameños.
Este nuevo señalamiento se suma a una larga lista de cuestionamientos que marcaron al gobierno del PRD bajo la administración de Laurentino “Nito” Cortizo, período en el que estallaron múltiples escándalos: desde la polémica compra de ventiladores durante la pandemia, hasta el hospital modular y los manejos del Ifarhu.
Hoy, la figura de Carrizo vuelve a colocarse en el ojo del huracán, recordándole al país que, más allá de los discursos políticos, la transparencia sigue siendo una deuda pendiente.
Por ahora, corresponde a las autoridades competentes investigar a fondo estas denuncias y determinar si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente escepticismo, preguntándose una vez más:
¿Cuántos casos más quedan por salir a la luz?
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