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Con carácter reservado dentro de la investigación periodística, hoy se destapa un caso que pone en entredicho la transparencia y la ética en la administración municipal del distrito de Colón.
La figura de la jefa del despacho superior no es menor. Se trata de una posición de alta confianza, con acceso directo a información privilegiada sobre las necesidades, contrataciones y decisiones estratégicas del municipio. Precisamente por ese nivel de influencia, cualquier vínculo irregular en la gestión de recursos públicos levanta serias alarmas.
La investigación revela que, presuntamente, desde este entorno de poder se habrían facilitado contrataciones en beneficio del cónyuge de una funcionaria clave. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿quién controla, quién fiscaliza y quién garantiza que los procesos se den bajo criterios de transparencia y competencia justa?
Según los hallazgos, la abogada *Rosela Nasta, asesora legal del despacho superior de la Alcaldía de Colón, se encuentra en el centro de la polémica. La investigación periodística ha documentado que su esposo, el proveedor Rafael Leonidas Haspech, ha sido beneficiario de al menos **tres contratos y adjudicaciones municipales durante el año 2025.
El monto total de estas transacciones asciende a aproximadamente 16,528.11 dólares, cifra que, más allá de su cuantía, enciende las alertas por la naturaleza de la relación entre la funcionaria y el proveedor.
Las contrataciones estarían vinculadas a servicios como manejo de sistemas de planilla, diseño gráfico y adquisición de equipos tecnológicos, áreas sensibles donde la supervisión y la correcta asignación de recursos son fundamentales. La interrogante persiste: ¿se trató de procesos competitivos o de decisiones influenciadas desde dentro?
Este tipo de relación directa entre una funcionaria de alto nivel y un proveedor contratado configura un *presunto conflicto de intereses, una práctica expresamente prohibida tanto por la *Ley de Contrataciones Públicas como por los códigos de ética que rigen la función pública en Panamá.
Más allá del posible incumplimiento legal, el impacto es profundo: se estaría limitando la oportunidad de otros profesionales colonenses que compiten de manera transparente, mientras se erosiona la confianza ciudadana en una gestión que prometió luchar contra la corrupción.
“Posible fraude en contrataciones públicas” es la frase que comienza a resonar en torno a estos expedientes. Porque cuando un servidor público utiliza su posición para favorecer a su entorno más cercano, no solo se comprometen recursos del Estado, sino también la credibilidad institucional.
Esta investigación no representa únicamente un hallazgo, sino una advertencia clara sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la administración municipal.
En las próximas entregas se presentará la cronología detallada de estas contrataciones, que evidenciaría un patrón sostenido en el tiempo y que podría ampliar el alcance de este escándalo que hoy sacude a la Alcaldía de Colón.
