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INVESTIGACIÓN ESPECIAL
Colombia debería ser lectura obligatoria para Panamá.
Porque la historia de Naturgy y Electricaribe no terminó simplemente con apagones, protestas e intervención estatal. Terminó con una multinacional llevando al Estado colombiano ante un tribunal internacional y reclamándole US$1.310 millones.
Y perdió.
En noviembre de 2016, Colombia tomó el control de Electricaribe después de una crisis financiera y de servicio que amenazaba la continuidad del suministro eléctrico en la Costa Caribe.
Pero Naturgy respondió con una tesis explosiva: sostuvo ante el tribunal que la intervención no obedeció solamente a razones técnicas.
La propia empresa alegó que el Gobierno de Juan Manuel Santos necesitaba apoyo político en la Costa Caribe para sacar adelante el Acuerdo de Paz con las FARC, y que Electricaribe habría terminado convertida en una especie de moneda de cambio política.
Atención:
Eso no significa que Naturgy estuviera vinculada con las FARC.
Significa algo igualmente revelador: fue la propia Naturgy la que introdujo el Acuerdo con las FARC dentro de su argumentación contra Colombia.
Colombia negó aquella acusación y defendió que intervino porque la situación financiera de Electricaribe era crítica y porque debía proteger el servicio de millones de ciudadanos.
El tribunal finalmente desestimó todas las reclamaciones de Naturgy. Colombia no pagó los US$1.310 millones exigidos.
Pero Colombia tampoco ha sido el único Estado contra el cual intereses empresariales vinculados a Naturgy han acudido al arbitraje internacional.
En Egipto, Unión Fenosa Gas, participada entonces en un 50% por Naturgy, inició un arbitraje contra ese Estado por problemas de suministro de gas. Allí el resultado fue diferente: obtuvo un laudo por US$2.013 millones, antes de llegarse posteriormente a un acuerdo global.
Entonces Panamá tiene derecho a preguntar.
Cuando una compañía que maneja un servicio público esencial entra en conflicto con un Estado, ¿hasta dónde puede llegar esa batalla?
Aquí no se trata de perseguir inversión extranjera.
Se trata de aprender de la historia.
Panamá debe revisar contratos, inversiones, calidad del servicio, cumplimiento, mantenimiento y obligaciones de sus concesionarias antes de que una crisis termine convirtiéndose en un problema nacional y posteriormente en una batalla internacional multimillonaria.
Colombia ya vivió su historia.
Panamá no tiene por qué repetirla.
