NATURGY en Colombia:

“¿Crónica de una Muerte Anunciada o el Reflejo de Cómo Operan en el Continente?”

INVESTIGACIÓN ESPECIAL

Para entender cualquier cuestionamiento actual sobre Naturgy en América Latina, hay que mirar con atención lo que ocurrió en Colombia. No desde el rumor, sino desde los hechos. Y esos hechos tienen un nombre que todavía pesa en la memoria de millones de colombianos: Electricaribe.

Durante años, Electricaribe, controlada por el grupo español que luego adoptó la marca Naturgy, tuvo a su cargo la distribución y comercialización de energía eléctrica en siete departamentos de la Costa Caribe colombiana. Pero lo que debió ser una operación estratégica terminó convertido en un caso emblemático de crisis empresarial, deterioro del servicio y choque frontal con el Estado.

Los usuarios se acostumbraron a los apagones, a las fluctuaciones de voltaje, a los daños en electrodomésticos, al mal servicio y a una sensación permanente de abandono. A eso se sumaba una estructura financiera cada vez más frágil, una red deteriorada y una relación tensa con las autoridades. La empresa alegaba que operaba en una región marcada por el fraude eléctrico, las conexiones ilegales, el impago y un esquema regulatorio que, según su versión, hacía inviable el negocio.

Pero el Estado colombiano concluyó otra cosa.

En noviembre de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino oficialmente Electricaribe al considerar que la compañía enfrentaba una situación crítica que ponía en riesgo la continuidad y calidad del servicio, además de una posible cesación de pagos. Es decir, no fue una salida voluntaria ni una simple decisión corporativa. Fue una intervención estatal en toda regla.

A partir de allí comenzó una batalla de gran escala. Naturgy sostuvo que Colombia había llevado a la empresa a un precipicio financiero y luego había aprovechado la crisis para expropiarla. Con ese argumento, llevó el caso a arbitraje internacional y reclamó más de 1.300 millones de dólares en daños y perjuicios.

Sin embargo, Colombia respondió con dureza. El Estado defendió que la intervención era necesaria para proteger a millones de usuarios y, además, contrademandó argumentando que había tenido que destinar cuantiosos recursos para sostener la operación, mientras la mala prestación del servicio golpeaba la productividad, la economía regional y la confianza pública.

El desenlace fue demoledor para Naturgy. En 2021, el tribunal arbitral del CIADI desestimó en su totalidad la reclamación contra Colombia. En otras palabras, el Estado colombiano no tuvo que pagar la multimillonaria compensación que exigía la empresa.

Paralelamente, también surgieron cuestionamientos sobre el manejo y supervisión de recursos públicos destinados al sistema eléctrico de la región, lo que añadió aún más sombras al expediente de Electricaribe.

Finalmente, la operación fue dividida y entregada a nuevos operadores, marcando así la salida definitiva de Naturgy del negocio de distribución eléctrica en la Costa Caribe.

La gran pregunta es inevitable: ¿fue Electricaribe una tragedia anunciada por las condiciones estructurales de la región, o el reflejo de una forma de operar de una multinacional cuando el negocio deja de ser cómodo?

Lo ocurrido en Colombia no puede verse como un episodio aislado. Es un antecedente de peso, una advertencia y una lección. Porque cuando una empresa de servicios esenciales termina intervenida, sustituida y derrotada en un arbitraje internacional, lo mínimo que corresponde en cualquier otro país del continente es mirar su historial con lupa.