Panamá merece la verdad. No versiones alarmistas, insinuaciones peligrosas ni titulares capaces de estremecer a todo un país antes de que las autoridades determinen los hechos.
El incendio ocurrido en la residencia del periodista Rolando Rodríguez fue grave, condenable y merece todo el peso de la justicia. Pero una cosa es condenar un acto criminal y otra muy distinta es presentarlo públicamente como terrorismo sin una conclusión judicial que respalde semejante calificación.
El 14 de noviembre, Rolando Rodríguez y la directiva de La Prensa hablaron de terrorismo. Incluso se describió un supuesto artefacto parecido a una bomba molotov potenciada.
Hoy, la Procuraduría informa que un hombre de 50 años enfrenta detención provisional como presunto cómplice primario de incendiarismo, mientras continúa la investigación.
¡Y aquí comienzan las preguntas incómodas!
¿Quién determinó que aquello era terrorismo? ¿Qué pruebas respaldaban esa afirmación? ¿Existió realmente el artefacto descrito? ¿Quiénes participaron y cuál fue el verdadero móvil?
La investigación todavía no permite descartar otras responsabilidades ni establecer si hubo motivaciones personales, profesionales o de cualquier otra naturaleza.
Pero tampoco permite condenar mediáticamente a empresarios, funcionarios o ciudadanos mediante sospechas sin pruebas.
La libertad de prensa es sagrada, pero la seguridad jurídica también.
Una narrativa de terrorismo puede afectar la imagen internacional de Panamá, sembrar incertidumbre y perjudicar reputaciones injustamente.
Si Rodríguez y La Prensa disponen de pruebas, deben contribuir a esclarecerlas ante las autoridades. Si sus afirmaciones resultan infundadas, deberán rectificar públicamente y pedir disculpas al país.
Porque el periodismo no está por encima de la verdad, ni la libertad de expresión concede licencia para convertir sospechas en sentencias.
Panamá exige justicia, no especulaciones.
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