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¡QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN Y QUE RESPONDAN LOS RESPONSABLES!
¿Qué está pasando dentro de las cárceles panameñas? ¿Cómo es posible que existan denuncias de privados de libertad que estarían muriendo por desnutrición y falta de atención médica, mientras el Estado mantiene un contrato de alimentación por más de 209 MILLONES DE DÓLARES?
¡Esto exige respuestas inmediatas!
El pasado 11 de noviembre, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la muerte de al menos diez privados de libertad durante los últimos dos meses, en circunstancias que relacionan con la falta de alimentos y atención médica. Son acusaciones extremadamente graves que deben investigarse hasta determinar las verdaderas causas de cada fallecimiento.
Pero aquí viene la pregunta que nadie puede evadir:
¿DÓNDE ESTÁ LA COMIDA QUE PAGAMOS TODOS LOS PANAMEÑOS?
El Consorcio Panameño de Alimentación (COPALI), vinculado a Alimentando Panamá, obtuvo un contrato por B/.209,690,750.50, adjudicado a finales de 2025 para alimentar durante seis años a la población de varios centros penitenciarios de la provincia de Panamá.
Estamos hablando de una empresa vinculada al servicio de alimentación carcelaria desde 2012, de un contrato gigantesco y de una licitación en la que solamente se presentó un oferente.
¿Quién fiscaliza las raciones? ¿Quién verifica la calidad nutricional? ¿Quién firma los informes de cumplimiento? ¿Quién certifica que cada dólar pagado corresponde efectivamente a alimentos entregados?
¡LA CÁRCEL ES UNA CONDENA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, NO UNA CONDENA A MORIR DE HAMBRE!
Desde Panamá Noticias Network exigimos que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno actúen de inmediato dentro de sus competencias.
Es necesario realizar una auditoría integral de los contratos, verificar las entregas de alimentos, inspeccionar las cocinas, revisar las historias clínicas y determinar las causas de las muertes denunciadas.
También debe investigarse la cadena de supervisión y establecer si existieron incumplimientos contractuales, negligencia administrativa o responsabilidades penales.
No estamos acusando anticipadamente a una empresa de provocar esas muertes. Estamos exigiendo que se investigue si los alimentos contratados llegaron efectivamente a quienes debían recibirlos y si cumplieron con las cantidades y condiciones exigidas.
Una cosa debe quedar clara: ser privado de libertad no significa perder el derecho a la vida ni a la alimentación.
El silencio institucional no puede sustituir las explicaciones. Una renuncia tampoco puede cerrar un expediente.
¡209 MILLONES DE DÓLARES OBLIGAN A RENDIR CUENTAS!
Y si se comprueba que hubo personas que murieron por falta de alimentación o atención médica, los responsables, sean funcionarios o particulares, deberán enfrentar las consecuencias que establezca la ley.
PORQUE EN PANAMÁ NADIE DEBERÍA MORIR DE HAMBRE BAJO LA CUSTODIA DEL ESTADO.
