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En momentos donde la transparencia debería ser el principal activo de cualquier funcionario público, especialmente de quien aspira a reelegirse, el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, queda bajo la lupa por una decisión que, lejos de fortalecer su imagen institucional, genera profundas interrogantes.
El Tribunal Electoral aprobó una contratación directa por $145,500 anuales (más de $13,500 mensuales) para pautar publicidad en un programa televisivo de fin de semana llamado China TV. La decisión, tomada en pleno por los magistrados —incluyendo a Juncá—, ocurre en un contexto particularmente sensible: una evidente campaña mediática en torno a su figura y su aspiración de continuidad en el cargo.
Pero más allá del monto, que ya resulta considerable para un espacio de apenas media hora semanal, lo que realmente preocupa es el contexto y el destinatario.
Publicidad institucional… en medio de campaña personal
El contrato contempla presencia constante del Tribunal Electoral: hasta dos minutos por programa, repeticiones, menciones en redes sociales y contenido adicional. En términos prácticos, esto se traduce en una exposición mediática sostenida, financiada con fondos públicos.
Y aquí surge la pregunta inevitable:
¿Dónde termina la comunicación institucional y dónde comienza la promoción personal?
En tiempos donde Juncá busca reelegirse, este tipo de decisiones no solo son cuestionables, sino que erosionan la credibilidad del propio Tribunal Electoral, una institución que debería ser ejemplo de imparcialidad y prudencia.
La “urgencia” que no convence
La resolución que aprueba la contratación habla de una “urgencia evidente”. Sin embargo, el propio documento revela que esa supuesta urgencia no nace de una necesidad institucional comprobada, sino del texto presentado por la empresa beneficiada.
Es decir, la justificación fue prácticamente copiada de la propuesta del proveedor, algo que en cualquier análisis serio levanta alarmas.
Más aún, se argumenta que el medio es “único en su difusión” por dirigirse a la comunidad chino-panameña. Pero esa exclusividad no ha sido demostrada con criterios técnicos ni comparativos.
¿Se evaluaron otras opciones?
¿Se hizo algún estudio de impacto real?
Nada de eso queda claro.
El factor geopolítico: un ángulo delicado
El punto más sensible —y quizás el más preocupante— es el medio seleccionado: China TV, vinculado a estructuras comunicacionales alineadas con la narrativa del Partido Comunista Chino.
No se trata solo de una pauta publicitaria. Se trata de una institución clave del sistema democrático panameño destinando recursos a un medio con claras conexiones ideológicas internacionales.
En un mundo donde la influencia extranjera en procesos institucionales es cada vez más debatida, esta decisión no puede verse como un simple contrato publicitario.
Silencio institucional
A pesar de que La Prensa envió un cuestionario con siete preguntas a los magistrados, no hubo respuestas claras. El único comentario fue que “verán el tema en el Pleno”, una respuesta que dista mucho de ofrecer transparencia.
El silencio, en estos casos, no ayuda. Al contrario, alimenta la percepción de opacidad.
Un mal momento, una mala señal
El problema no es solo el contrato. Es el momento. Es la forma. Es el fondo.
En plena campaña de reelección, con una creciente presencia mediática, aprobar una contratación directa de este tipo —con fondos públicos y hacia un medio con vínculos sensibles— deja un mal sabor y abre un debate necesario sobre ética, transparencia y uso de recursos del Estado.
Porque cuando se trata del Tribunal Electoral, la confianza no es opcional. Es indispensable.
