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Durante la administración del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo (2019-2024), se gestó uno de los actos más cuestionables en materia de concesiones estatales: la renovación automática del contrato de Panamá Ports Company (PPC), que le otorga la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Un tema que, aunque pasó silenciosamente en su momento, hoy resuena con fuerza debido a sus implicaciones económicas y de soberanía nacional.
El nombre de José Alejandro Rojas Pardini, famoso no solo por las fiestas en los viajes de Estado (tema de otro escrito) es quien fungía como ministro consejero y representante del Estado en la junta directiva de PPC, ha salido a relucir con creciente frecuencia, pues fue él quien tenía la responsabilidad directa de proteger los intereses del país dentro del seno de esa poderosa empresa concesionaria. Su nombramiento fue formalizado mediante el Decreto Ejecutivo No. 459, firmado por el entonces presidente Cortizo y su equipo de confianza.
En 2021, en una maniobra tan silenciosa como estratégica, PPC solicitó y obtuvo la prórroga automática de su contrato de concesión, extendiendo de forma anticipada y prácticamente sin condiciones su presencia en uno de los sectores logísticos más importantes del hemisferio. La renovación ocurrió bajo el argumento de que el contrato original contemplaba esa posibilidad. No obstante, lo verdaderamente cuestionable es que no se exigieron mejoras sustanciales, ni revisiones profundas del canon, ni beneficios adicionales para el Estado panameño, a pesar del gigantesco crecimiento del sector portuario y el cambio de contexto económico desde que se firmó la concesión original en los años noventa.
Es aquí donde la figura de Rojas Pardini adquiere una relevancia insoslayable. Como miembro de la Junta Directiva de PPC, era su deber velar por la defensa de los intereses de la nación, exigir transparencia y poner sobre la mesa las necesidades y aspiraciones del pueblo panameño, en lugar de ser un testigo pasivo de una renovación que favoreció unilateralmente a la empresa concesionaria.
Panamá, como país con posición geoestratégica privilegiada, no puede darse el lujo de ceder sus activos más valiosos sin una negociación exhaustiva y con visión de futuro. La prórroga automática del contrato con PPC debió ser el punto de partida para renegociar condiciones, revisar cláusulas obsoletas y exigir mayores compromisos de inversión, transferencia de tecnología y desarrollo local.
Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario: una decisión administrativa, carente de debate público, sin consulta ciudadana ni mayor escrutinio institucional. Y mientras se firmaban documentos en oficinas con aire acondicionado, en las calles el país seguía cargando con la desigualdad, la falta de recursos y la necesidad urgente de que sus bienes generen más para todos.
Hoy, cuando la ciudadanía exige transparencia, equidad y justicia en la gestión pública, es indispensable señalar responsabilidades. José Alejandro Rojas Pardini, como representante del Estado en esa junta directiva, tenía la posibilidad –y la obligación– de alzar la voz, de cuestionar, de condicionar. No lo hizo. Y esa omisión, en momentos tan cruciales, pesa.
La historia de Panamá está marcada por concesiones mal negociadas que luego se convierten en cargas pesadas. Pero también está escrita por ciudadanos valientes que se atrevieron a corregir el rumbo. Este escándalo debe servir como llamado de atención para futuros gobiernos, y como recordatorio de que quienes ocupan cargos de representación estatal, no están allí para figurar, sino para proteger el interés colectivo, aunque incomode a los poderes económicos.
Porque defender a Panamá no es una opción, es un deber. Y frente a decisiones como esta, el silencio también es cómplice
