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En los últimos días, las redes sociales y los medios de comunicación han vuelto a poner en la palestra pública un tema tan delicado como recurrente: la planilla de la Asamblea Nacional. Una vez más, los ciudadanos claman por transparencia, al tiempo que surgen señalamientos de presuntas “botellas”, personas que cobran salarios públicos sin prestar funciones reales. Sin embargo, ante el ruido mediático, conviene hacer una pausa y analizar con objetividad esta situación.
Trabajar en la Asamblea Nacional no es, ni debe ser, motivo de escarnio público. La institución, como cualquier otro órgano del Estado, necesita personal administrativo, asesores técnicos, conductores, conserjes, periodistas, profesionales del derecho, relaciones públicas, secretarias, personal de mantenimiento y muchos otros trabajadores que contribuyen al buen funcionamiento del parlamento. Generalizar, señalando a todos por igual, no solo es injusto, sino que desvaloriza el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que desempeñan sus funciones con responsabilidad y compromiso.
Sin embargo, la indignación ciudadana tiene fundamento cuando se descubren nombres que aparecen en planillas sin rastro de funciones concretas. El término “botella” no es más que el reflejo criollo de un problema serio: el uso del Estado como agencia de favores políticos, clientelismo y reparto de cuotas partidarias. Esta práctica corrompe el sistema democrático y afecta directamente la confianza pública en las instituciones.
Pero no caigamos en la trampa de ver todo en blanco o negro. Hay diputados que sí utilizan su planilla para el bien de sus comunidades. Algunos tienen equipos de trabajo en sus circuitos que atienden necesidades sociales, gestionan ayudas, tramitan documentos y articulan proyectos comunitarios. Ellos también están siendo arrastrados al mismo saco, pese a su trabajo legítimo.
La solución, entonces, no es eliminar la planilla de la Asamblea, sino reformarla. Transparentarla. Digitalizarla. Exigir reportes de funciones, asistencia, resultados. El uso de herramientas tecnológicas podría ayudar a que la ciudadanía sepa exactamente quién trabaja, qué hace y cuánto gana cada funcionario. Una Asamblea que no teme rendir cuentas es una Asamblea que se fortalece.
Desde PNN creemos firmemente que no es pecado trabajar en la Asamblea. El verdadero pecado —y delito moral— es cobrar sin trabajar. La responsabilidad es compartida: de los diputados que deben actuar con ética, de los partidos que deben rechazar el clientelismo, de la ciudadanía que debe exigir y fiscalizar, y del Ministerio Público, que debe investigar cuando sea necesario.
El cambio no vendrá solo con denuncias virales, sino con reformas institucionales que premien la eficiencia, castiguen el abuso y devuelvan la dignidad al servicio público.
