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Por Aldo López Tirone
Canadá es admirado como un país moderno, desarrollado y comprometido con la protección del ambiente. Es una nación de inmensos bosques, lagos, parques naturales y estrictas regulaciones ecológicas. Pero Canadá también extrae cobre de su propio territorio, genera empleos, recibe ingresos y convierte sus recursos naturales en desarrollo.
En 2024, las minas canadienses produjeron más de 514 mil toneladas de cobre en concentrado, mientras sus exportaciones de cobre y productos derivados alcanzaron un valor aproximado de 10,700 millones de dólares canadienses. Canadá no considera que explotar responsablemente sus minerales contradiga su condición de país verde. Por el contrario, entiende que el cobre es indispensable para la electricidad, los vehículos eléctricos, las energías renovables y la economía del futuro
Entonces debemos preguntarnos: ¿por qué Panamá tendría que enterrar una oportunidad económica que las naciones desarrolladas aprovechan?
En noviembre de 2023, Panamá cerró Cobre Panamá después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato minero. Esa decisión debía respetarse. Sin embargo, alrededor del legítimo debate jurídico y ambiental también se levantó un “no” absoluto, emocional e ideológico, que hizo creer que proteger la naturaleza exigía necesariamente destruir una de las principales actividades productivas del país.
Cerramos la mina, pero no apareció inmediatamente otra industria capaz de sustituir sus empleos, exportaciones, proveedores e ingresos.
Detrás de las cifras quedaron familias sin estabilidad, pequeños negocios sin clientes, transportistas sin contratos y comunidades enteras golpeadas. El país perdió una actividad que llegó a representar cerca del 5 % de la economía nacional y una parte sustancial de nuestras exportaciones. En julio de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la paralización había costado más de B/.6,300 millones a la economía panameña.
Ese es el precio que muchas veces no aparece en las pancartas.
Es fácil gritar “no a la minería” desde la comodidad de un escritorio. Lo difícil es mirar a los ojos al trabajador que perdió su salario y explicarle cuál sería la actividad que reemplazaría su empleo. Lo difícil es decirles a los jóvenes de las comunidades cercanas que deberán abandonar sus hogares porque Panamá decidió renunciar a generar riqueza, sin ofrecerles una alternativa real.
La minería produce impactos ambientales. Negarlo sería irresponsable. Pero también es irresponsable afirmar que minería y ecología son necesariamente enemigas.
La solución no es explotar sin controles ni entregar nuestros recursos bajo condiciones perjudiciales. La solución es construir una minería moderna, transparente y rigurosamente fiscalizada: protección de las fuentes de agua, monitoreo ambiental independiente, tratamiento adecuado de residuos, reforestación, garantías financieras, participación comunitaria y un plan obligatorio de cierre y recuperación.
Panamá debe negociar desde la dignidad. El cobre pertenece a la nación y su aprovechamiento tiene que dejar mayores beneficios, mejores empleos, desarrollo comunitario e inversiones permanentes en educación, salud, agua y carreteras.
No podemos repetir contratos cuestionables, pero tampoco debemos repetir el error de cerrar una fuente de riqueza sin calcular las consecuencias humanas.
Canadá protege su naturaleza y extrae su cobre. Panamá también puede hacerlo, siempre que existan reglas firmes, vigilancia permanente y beneficios justos para el país.
El cobre sigue debajo de nuestra tierra. Los empleos, los ingresos y las oportunidades que perdimos no regresarán por sí solos.
¿Vamos a seguir pagando el costo de un “no” ideológico o tendremos la madurez de construir un “sí” responsable, ambientalmente seguro y verdaderamente beneficioso para Panamá?
