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La Procuraduría de la Administración concluyó que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no cuenta con facultad legal ni reglamentaria para no aceptar la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, según consta en la Nota C-081-26, fechada el 1 de junio de 2026.
El pronunciamiento fue emitido en respuesta a una consulta elevada por el ministro de Educación encargado, Roberto Sevillano, relacionada con la competencia legal del Consejo Universitario para emitir una resolución sobre la nota de renuncia presentada ante dicho órgano.
De acuerdo con el análisis jurídico de la Procuraduría, la renuncia a un cargo público constituye una decisión libre, autónoma y justificada de quien desea separarse del ejercicio de una función pública. En ese sentido, el documento establece que su presentación genera para el Estado la obligación de aceptarla dentro de un término razonable, salvo excepciones previstas por la Constitución o la ley.
La Procuraduría fue clara al señalar que la renuncia presentada el 11 de mayo de 2026 por Medianero de Bonagas ante el Consejo General Universitario no constituye un acto administrativo sujeto a evaluación ni revisión por parte de otra instancia universitaria. Por el contrario, la calificó como una decisión personal, libre e irrenunciable que posee todo servidor público.
El documento también advierte que la autonomía universitaria de la Unachi no faculta a sus órganos internos, administrativos ni de gobierno para no aceptar la renuncia presentada por un servidor público que labore en la institución.
Consejo Universitario debía recibir, aceptar y formalizar la renuncia
En su criterio jurídico, la Procuraduría sostiene que el Consejo General Universitario, como máximo órgano de gobierno interno de la Unachi, tenía la obligación de recibir, aceptar y formalizar la renuncia de la rectora. Además, debía proceder conforme a la ley para cubrir la vacante absoluta y garantizar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria.
La entidad recordó que, de producirse una vacante absoluta del rector durante los cuatro primeros años del periodo, el Tribunal Superior de Elecciones debe convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor de tres meses para completar el periodo. En cambio, si la vacante ocurre en el último año, correspondería al vicerrector académico completar el mandato.
Principio de legalidad como eje del análisis
El dictamen dedica parte importante de su argumentación al principio de legalidad, según el cual los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la Constitución y las leyes les permiten. Bajo esa premisa, la Procuraduría sostuvo que toda actuación administrativa debe estar sometida al marco legal vigente, evitando arbitrariedades o abusos de poder.
En el caso de la Unachi, la Procuraduría revisó la Ley No. 4 de 2006, el Estatuto Universitario y el Reglamento Interno del Consejo General Universitario. Tras ese análisis, concluyó que ninguna de estas normas otorga al Consejo General Universitario la potestad de rechazar o impedir la materialización de la renuncia presentada por la rectora.
Un nuevo capítulo en la crisis de la Unachi
El pronunciamiento se produce en medio de una profunda crisis institucional en la Unachi y aumenta la presión sobre las autoridades universitarias que habían decidido no admitir la renuncia de Medianero de Bonagas.
Aunque la Procuraduría aclara que su opinión no constituye un pronunciamiento de fondo ni un criterio jurídico vinculante, el documento sí fija una posición contundente: el Consejo General Universitario no tenía sustento legal para no aceptar la renuncia.
Con esta conclusión, el debate sobre la salida de Etelvina Medianero de Bonagas entra en una nueva etapa. La renuncia, según el criterio de la Procuraduría, debía ser aceptada y formalizada, abriendo paso al procedimiento legal correspondiente para llenar la vacante y preservar la estabilidad académica, administrativa e institucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
