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La reciente designación de Anel «Bolo» Flores como nuevo Contralor General de la República de Panamá ha generado expectativas sobre su gestión en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública. Uno de los casos que demandará su atención es el de Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría, cuyo rápido ascenso económico y presuntas actividades ilícitas han suscitado preocupación en la sociedad panameña.
Odila Castillo, quien se desempeñó como asesora jurídica en la Contraloría hasta 2021, ha sido señalada por acumular un patrimonio millonario en un corto período. Propiedades de lujo, incluyendo un penthouse en Santa María y múltiples apartamentos en la ciudad, forman parte de su portafolio. Estas adquisiciones contrastan con los ingresos que percibía como funcionaria pública, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el origen de su fortuna.
Las investigaciones apuntan a que Castillo podría haber operado una «contraloría paralela», ofreciendo sus servicios para agilizar pagos a contratistas del Estado a cambio de comisiones. Empresarios locales y extranjeros han denunciado presiones para pagar un porcentaje de sus contratos a fin de recibir desembolsos estatales de manera expedita. Estas prácticas, de confirmarse, evidencian una red de corrupción que compromete la integridad de las instituciones públicas.
La relación de Castillo con altos funcionarios de la Contraloría, incluyendo su asociación profesional con Zenia Vásquez, exsecretaria general de la entidad, ha intensificado las sospechas sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. Además, se investiga si Castillo comenzó a gestionar reclamos a nombre de contratistas mientras aún era asesora del entonces contralor Gerardo Solís, lo que podría constituir una violación a las normas éticas y legales.
La intervención del Buró Federal de Investigación (FBI) en este caso, mediante una carta dirigida al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, subraya la gravedad de las acusaciones. El FBI señala a Castillo en un posible caso de extorsión y corrupción pública, indicando que su firma habría exigido pagos ilegales a empresarios para facilitar contratos y desembolsos gubernamentales.
Ante este panorama, el Contralor Bolo Flores enfrenta el desafío de abordar de manera decidida las irregularidades asociadas al caso de Odila Castillo. Su gestión será evaluada por la capacidad para esclarecer estos hechos, sancionar a los responsables y establecer mecanismos que prevengan la repetición de actos de corrupción en la Contraloría. La ciudadanía panameña demanda transparencia y rendición de cuentas, y confía en que las nuevas autoridades cumplirán con su deber de salvaguardar los recursos públicos y la integridad de las instituciones del país.
