El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció un plan intensivo liderado por la Dirección General de Ingresos (DGI) para combatir la evasión fiscal y garantizar el uso de facturación electrónica en comercios y empresas. Este esfuerzo busca frenar la práctica de retener el 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), una problemática que, según el mandatario, se ha convertido en una “cultura” en algunos sectores.
Inspecciones y sanciones
Hasta la fecha, se han inspeccionado 1,024 comercios en todo el país, y se han impuesto multas que suman 468 mil dólares a negocios que no cumplen con las normativas. Mulino destacó que los comercios que incumplen la obligación de emitir facturas electrónicas enfrentan sanciones que van desde 500 hasta 1,000 dólares por primera infracción. En casos de reincidencia, las multas oscilan entre 5,000 y 10,000 dólares.
El presidente subrayó que estos controles son esenciales para evitar que se retengan fondos que corresponden al Estado, señalando que incluso ha presenciado prácticas de evasión personalmente. “A sabiendas de que soy el presidente, me han preguntado si quiero o no la factura fiscal”, comentó.
Refuerzo del equipo de inspectores
Cuando Mulino asumió el poder, la DGI contaba con solo 4 inspectores. Actualmente, esa cifra ha aumentado a 15, y se espera que crezca a 50 en el corto plazo. Para suplir esta carencia mientras se fortalece el personal de la DGI, se contará con el apoyo de inspectores de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El objetivo, según el presidente, es reforzar la cultura de cumplimiento fiscal en los comercios y garantizar que el ITBMS sea efectivamente facturado y entregado al fisco.
Impacto de la facturación electrónica
La DGI busca impulsar la facturación electrónica no solo como un mecanismo de control, sino también como una herramienta para modernizar los procesos de recaudación y mejorar la transparencia fiscal en el país. Mulino enfatizó que el éxito de esta iniciativa depende de la cooperación de los comerciantes y la firmeza en la aplicación de las sanciones.