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San Miguelito llegó al límite. Lo que por semanas fue una molestia visible y un reclamo ciudadano constante, terminó convirtiéndose en una amenaza real para la salud pública. Montañas de basura en calles y comunidades evidenciaron no solo un problema operativo, sino una alarmante incapacidad de gestión por parte de la Alcaldía de San Miguelito, encabezada por Irma Hernández.
Desde finales de noviembre de 2025, el distrito comenzó a padecer una disminución sostenida en la recolección de desechos, justo cuando la demanda del servicio aumentaba por las festividades de fin de año. La empresa concesionaria, Revisalud, redujo de manera notoria su operación, provocando que miles de toneladas de basura quedaran sin recoger. El resultado fue predecible: calles colapsadas de desperdicios, comunidades indignadas y un silencio administrativo que agravó el problema.
La alcaldesa Irma Hernández, lejos de anticiparse o asumir liderazgo en medio de la crisis, se mostró ausente y sin capacidad de respuesta efectiva. No hubo un plan de contingencia visible, ni una acción decidida que tranquilizara a los residentes. San Miguelito, uno de los distritos más densamente poblados del país, quedó a la deriva, pagando el precio de una gestión municipal débil, reactiva y desconectada de la realidad cotidiana de su gente.
Ante este escenario crítico, el Gobierno Nacional sí actuó. El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio instrucciones claras y directas para intervenir de inmediato. A partir del mediodía del 1 de enero de 2026, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), bajo la dirección de Ovil Moreno, puso en marcha un operativo especial de limpieza, desplegando cerca de 50 vehículos entre volquetes, retroexcavadoras, camiones compactadores y camiones tipo rejilla, en coordinación con personal del propio municipio.
Esta intervención no solo busca recoger la basura acumulada, sino evitar una crisis sanitaria mayor. Es una acción firme, necesaria y oportuna que demuestra un estilo de gobierno que no evade los problemas, aun cuando estos no son de su competencia directa. Mulino entendió que cuando está en juego la salud de los panameños, no hay espacio para excusas ni para disputas políticas.
El contraste es evidente. Mientras la alcaldesa de San Miguelito fracasa en su responsabilidad primaria de garantizar servicios básicos eficientes, el Gobierno Central toma el control, da la cara y actúa. Este episodio deja una lección clara: la gestión pública exige liderazgo, previsión y capacidad de respuesta. San Miguelito no puede seguir siendo rehén de la improvisación ni del abandono institucional.
Hoy, el mensaje es contundente. Cuando las autoridades locales fallan, el Estado debe responder, y así lo ha hecho el gobierno de José Raúl Mulino. La basura que ahogó a San Miguelito no solo expuso un problema de desechos, sino una crisis de liderazgo municipal que ya no se puede seguir ocultando bajo la alfombra… ni entre montañas de desperdicios.
