Investigación en marcha: Ministerio Público y DIJ intervienen tras demolición de monumento chino

Investigación en marcha: Ministerio Público y DIJ intervienen tras demolición de monumento chino

El polémico caso de la demolición del Monumento de la Comunidad China, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, ha pasado a manos de las autoridades judiciales. Este lunes, personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se presentaron en el sitio para realizar diligencias de inspección ocular y recolección de indicios.

El origen de la controversia

El pasado sábado, la estructura —un símbolo de la herencia y los lazos culturales de la comunidad china en Panamá— fue reducida a escombros. Aunque los informes iniciales señalaban órdenes municipales de distritos aledaños como Arraiján o La Chorrera, la confusión sobre la jurisdicción y la falta de una comunicación clara han profundizado el rechazo ciudadano.

Limpieza entre escombros

Mientras los peritos judiciales realizaban su labor, cuadrillas de limpieza de la Alcaldía de Panamá fueron vistas en el área removiendo los restos del monumento. El mirador, siendo uno de los puntos turísticos más emblemáticos del país por su vista al Canal, se encuentra actualmente bajo el escrutinio público mientras se intenta despejar el área.

Reacciones y exigencias

La demolición no solo ha generado un fuerte rechazo en la sociedad civil panameña, sino que también ha provocado reacciones internacionales. La Comunidad China en Panamá ha levantado su voz para exigir:

  1. Transparencia: Claridad sobre quién emitió la orden final de demolición.

  2. Responsabilidad: Sanciones para quienes autorizaron la destrucción de un bien con valor cultural.

  3. Reparación: Respeto al patrimonio que honra la presencia histórica de esta comunidad en el istmo.


Estado de la investigación

Hasta el momento, el Ministerio Público se ha mantenido reservado sobre los hallazgos de la jornada. El caso permanece bajo investigación bajo la premisa de posibles daños al patrimonio o irregularidades administrativas.

La falta de detalles oficiales mantiene en vilo a los sectores que ven en este acto un precedente peligroso para otros monumentos históricos del país.

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