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El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que suspende temporalmente la controvertida Ley 468 de 2025 sobre intereses preferenciales para viviendas y reactiva la normativa anterior hasta finales de este año.
Suspensión temporal hasta enero 2026
El proyecto de ley 19-25, titulado «Que suspende los efectos de la Ley 468 de 2025, restablece la vigencia de la Ley 3 de 1985 y dicta otras disposiciones», establece el 1 de enero de 2026 como nueva fecha de entrada en vigor de la normativa más reciente.
Esta medida busca «consolidar una transición más equitativa, sin afectar los compromisos ya adquiridos ni la aspiración legítima de las familias a tener un hogar propio», según explicó el gobierno.
Regreso de la Ley 3 de 1985
Durante el período de suspensión, se restablece la vigencia de la Ley 3 de 1985, junto con todas sus reformas y decretos reglamentarios. Esta normativa continuará aplicándose tanto a préstamos ya formalizados como a nuevas solicitudes hipotecarias hasta el 31 de diciembre de 2025.
El restablecimiento tendrá efectos retroactivos, lo que beneficia directamente a las familias que habían iniciado procesos de solicitud de crédito y respalda a los operadores financieros del sector.
Mantienen exoneración fiscal
El proyecto también restituye la exoneración del impuesto de transferencia para la primera venta de viviendas nuevas hasta finales de 2025. Esta medida, contenida originalmente en la Ley 106 de 1974 y modificada por la Ley 399 de 2023, busca mantener incentivos para el acceso a vivienda de sectores con menor capacidad económica.
Certeza jurídica y continuidad normativa
Aplicando el artículo 37 del Código Civil, se reactivan todas las disposiciones legales y reglamentarias que respaldaban el régimen anterior, garantizando continuidad normativa y certeza jurídica durante el período de transición.
El Gabinete autorizó al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, a presentar este proyecto ante la Asamblea Nacional, que cuenta con sesiones extraordinarias extendidas hasta el 26 de junio para considerar precisamente esta legislación.
Implementación más clara y justa
Los ajustes aprobados por el Gabinete responden a las críticas recibidas por la Ley 468, que generó incertidumbre en el sector financiero e inmobiliario. El nuevo enfoque busca hacer la implementación del régimen de interés preferencial «más clara, ordenada y justa».
Esta decisión gubernamental representa un reconocimiento de que la transición hacia el nuevo régimen requiere más tiempo y planificación para evitar disrupciones en el mercado hipotecario nacional.
