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Este lunes, 23 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley 23, que busca frenar el pago de millonarias indemnizaciones a altos ejecutivos en empresas estatales. Esta iniciativa, que había sido suspendida por ocho días para su análisis en una mesa técnica, fue finalmente aprobada con 56 votos a favor y una abstención.
El proyecto de ley tiene como objetivo excluir del pago de indemnización a los cargos de gerente general, subgerente y auditor interno de las empresas estatales, quienes, al concluir su periodo o ser reemplazados, solo tendrán derecho a las prestaciones de vacaciones proporcionales y décimo tercer mes proporcional, conforme lo establece la ley para los servidores públicos de libre nombramiento y remoción.
La diputada panameñista Ariana Coba, principal impulsora de esta iniciativa, destacó que el propósito del proyecto es dejar claro que los funcionarios que ocupan estos altos cargos no deben recibir indemnizaciones al ser removidos o al finalizar su periodo. Coba recordó que, en la administración anterior, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) pagó casi un millón de dólares en indemnizaciones a altos ejecutivos, lo que generó controversia y críticas, especialmente por el caso del exgerente Carlos Mosquera, quien recibió una indemnización de $249,195.96.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se pronunció en contra de estas prácticas durante su campaña y calificó los pagos como un acto de “juega vivo”, haciendo énfasis en la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
La ley también busca establecer reglas claras para evitar que, al final de las administraciones, se repitan casos similares. Las prestaciones laborales para estos altos ejecutivos estarán limitadas a lo establecido en la Ley 6 de 1997, la Ley 23 de 2003, la Ley 76 de 2010 y la Ley 109 de 2013, lo que garantiza que no existan pagos adicionales por acuerdos mutuos.
Este proyecto es parte de las reformas que buscan asegurar una gestión transparente en las empresas estatales y evitar el uso indebido de los fondos públicos.
