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La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, enfrenta una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de extralimitación de funciones, abuso de autoridad, peculado y omisión de deberes públicos, relacionados con el polémico Decreto Municipal N°8 del 20 de agosto de 2024.
El decreto, que establece más de 90 sanciones municipales, ha sido objeto de críticas por posibles conflictos con normas nacionales y vulneración de derechos constitucionales, generando un amplio debate legal y social.
Las sanciones más cuestionadas
Entre las disposiciones más criticadas del decreto se encuentra el numeral 63, que multa con hasta $2,500 por vehículo a los conductores que establezcan piqueras en áreas no autorizadas. Según el abogado denunciante, Abdiel González, estas sanciones ya están contempladas en el Decreto Ejecutivo N°640 de 2006, lo que representaría un acto de abuso de autoridad al imponer regulaciones duplicadas.
Asimismo, el numeral 61 establece multas de $500 por estacionarse en espacios reservados para personas con discapacidad sin carné, una sanción que, según González, excede las competencias municipales y duplica las sanciones de $300 ya reguladas por el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestres (ATTT).
Posible violación de derechos constitucionales
La denuncia también argumenta que el decreto viola la Constitución Nacional:
- Artículo 18: Presunta extralimitación de funciones al imponer sanciones que no competen al Municipio.
- Artículo 32: Vulneración del derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa administrativa o penal.
Además, se acusa a la alcaldesa de promover una doble sanción que perjudica a los ciudadanos.
La polémica de los ladridos de perros
El decreto también incluyó una disposición que sancionaba a los propietarios de perros que emitan sonidos por encima de los 50 decibelios, lo que generó rechazo entre la población y grupos animalistas. Ante la presión social, la alcaldesa Peñalba se vio obligada a modificar este punto del decreto.
Reacciones legales y sociales
La denuncia penal no es la única acción presentada contra el Decreto Municipal N°8. Abogados han llevado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que varios numerales violan las leyes nacionales.
Precedentes legales como el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en 2021, que declaró ilegal un decreto alcaldicio del entonces alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, refuerzan las críticas sobre la legalidad del decreto de Peñalba.
Sin respuesta oficial
Se intentó obtener declaraciones de la alcaldesa Stefany Peñalba, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota. En declaraciones anteriores, la alcaldesa afirmó que los ciudadanos de Arraiján “sienten paz” bajo su administración, aunque este decreto parece haber generado más controversia que tranquilidad.
