Contraloría responde ante acusaciones de retención de pagos

Resumen: La Contraloría General de la República ha rechazado formalmente las acusaciones de extorsión presentadas por diputados de la bancada Vamos. La entidad sostiene que la retención de pagos a 39 funcionarios del Legislativo responde exclusivamente al cumplimiento de la normativa de control de asistencia y gasto público. Según la institución, la medida se ampara en las leyes 32 de 1984 y 9 de 1994, además de resoluciones recientes que exigen el registro de puntualidad. La Contraloría recalca que, tras consultar a la Procuraduría de la Administración, se determinó que las excepciones de marcaje solo pueden ser autorizadas por el presidente de la Asamblea y el secretario general, requisito que no se cumplió en los casos detectados. La entidad mantiene su postura de no interferencia política y advierte que continuará aplicando la ley con firmeza.

La Contraloría es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos y asegurar que los servidores estatales cumplan con sus deberes laborales. En el contexto actual, su función se ha centrado en auditar la puntualidad y el registro de asistencia de los funcionarios en la Asamblea Nacional, lo que ha derivado en tensiones directas con el poder legislativo.

Justificación legal de la retención de pagos

La entidad fiscalizadora ha sido clara al señalar que sus acciones no son arbitrarias. La base legal que sostiene la retención de los emolumentos se encuentra en la Ley 32 de 1984 y la Ley 9 de 1994, las cuales regulan la administración pública. Adicionalmente, resoluciones emitidas entre 2025 y 2026 obligan a la verificación estricta del cumplimiento horario.

El papel de la Procuraduría de la Administración

Para evitar ambigüedades, la Contraloría solicitó una opinión jurídica a la Procuraduría de la Administración. La respuesta fue determinante: la exoneración del marcaje de asistencia es una excepción limitada. Solo el presidente del Legislativo y el secretario general ostentan la facultad de autorizar este beneficio. Al detectar funcionarios que no cumplían con el registro sin contar con dicha autorización, la Contraloría procedió con la suspensión de pagos, argumentando que se trata de una falta administrativa y no de una represalia política.

Respuesta ante las acusaciones de intromisión

Ante los señalamientos de diputados que califican la medida como una intromisión en el Órgano Legislativo, la Contraloría ha desestimado cualquier vínculo con debates o agendas políticas. La institución enfatiza que su objetivo único es la transparencia. Vincular estas auditorías con el debate parlamentario es, según la entidad, una estrategia para desviar la atención sobre el manejo correcto de los recursos asignados a la planilla estatal.

Preguntas Frecuentes sobre Contraloría

¿Por qué la Contraloría puede retener pagos a funcionarios?

La Contraloría tiene la potestad de fiscalizar el uso de fondos públicos. Si un servidor no cumple con el registro de asistencia obligatorio, la entidad puede detener el desembolso hasta que se regularice la situación administrativa, conforme a la ley.

¿Es legal la exoneración de marcaje en la Asamblea?

Solo es legal si cuenta con la autorización expresa del presidente del Legislativo o del secretario general, según lo dictaminado por la Procuraduría de la Administración.

¿Qué pasos sigue la entidad tras este conflicto?

La Contraloría ha reiterado que continuará con sus labores de fiscalización y no descarta presentar denuncias ante las autoridades competentes si se detectan irregularidades mayores durante el proceso.