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En un escenario marcado por la controversia y la defensa de la transparencia, el Contralor General de Panamá, Anel Flores, ha reafirmado la continuidad del pago mediante cheques en la Asamblea Nacional. Esta decisión, lejos de ser un mero trámite administrativo, se presenta como una barricada contra presuntas prácticas corruptas arraigadas en la institución legislativa. Las declaraciones de Flores han resonado con fuerza en la opinión pública, poniendo de manifiesto la existencia de una supuesta «cofradía» de corrupción que operaría dentro de la Asamblea.
El contralor Flores, en una entrevista reciente, fue enfático al señalar que el sistema de pago por cheque, aunque percibido por algunos como arcaico, sigue siendo una herramienta crucial para garantizar la trazabilidad y el control de los fondos públicos. «Mientras no existan garantías de que los pagos electrónicos sean completamente transparentes y auditables, mantendremos el uso del cheque», aseveró Flores, subrayando su compromiso con la lucha anticorrupción.
Las acusaciones de Flores no son nuevas. Desde su llegada al cargo, el Contralor ha manifestado su preocupación por las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sus recientes declaraciones, al hablar explícitamente de una «cofradía» de corrupción, elevan significativamente el tono de la denuncia y sugieren la existencia de una red organizada dedicada a desviar fondos públicos.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre la integridad de la Asamblea Nacional y la necesidad urgente de implementar reformas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. La Contraloría, como órgano fiscalizador del Estado, juega un papel fundamental en este proceso, y la firmeza de Flores en su postura ha sido recibida con beneplácito por diversos sectores de la sociedad civil.
Expertos en materia legal y administrativa han coincidido en señalar que el sistema de pago por cheque, aunque no exento de riesgos, ofrece mayores garantías de control que los pagos electrónicos, especialmente en un contexto donde la ciberseguridad sigue siendo un desafío. «El cheque deja un rastro documental que facilita la auditoría y la identificación de posibles irregularidades», explicó el abogado Juan Pérez, especialista en derecho administrativo.
La controversia en torno a los pagos en la Asamblea Nacional ha generado un intenso debate sobre la necesidad de modernizar la gestión pública y adoptar tecnologías que permitan optimizar los procesos y reducir la burocracia. Sin embargo, el Contralor Flores ha insistido en que la modernización no puede ser a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. «No vamos a sacrificar la integridad por la eficiencia», sentenció Flores.
En respuesta a las acusaciones del Contralor, la Asamblea Nacional ha emitido un comunicado en el que niega la existencia de una «cofradía» de corrupción y se compromete a colaborar con las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría. Sin embargo, la credibilidad de la Asamblea se ha visto seriamente erosionada por los escándalos de corrupción que han salpicado a la institución en los últimos años.
Ante este panorama, la ciudadanía exige una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer las denuncias del Contralor y sancionar a los responsables de cualquier acto de corrupción. La lucha contra la corrupción es un imperativo ético y una condición indispensable para fortalecer la democracia y garantizar el desarrollo sostenible del país. La firmeza del Contralor Anel Flores en su defensa de la transparencia representa una esperanza para quienes anhelan una Panamá libre de corrupción.
