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En un acto de represión sin precedentes, el régimen de Daniel Ortega ha ocupado por la fuerza la casa de campo de los exguerrilleros y funcionarios sandinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos, ambos desnacionalizados y críticos del autócrata nicaragüense.
La pareja denunció que agentes de seguridad tomaron el pasado 21 de mayo su propiedad en Laguna de Apoyo, Masaya, donde operaba el hostal Pájaro Azul. «Fue tomada y ocupada por agentes vestidos de civil, nuestra casa donde nos habíamos jubilado e invertido los ahorros de nuestra vida», lamentaron.
Esta acción intimidatoria no es la primera contra Baltodano y López Campos. Anteriormente, el régimen les expropió una vivienda en Managua para instalar allí las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos, en una burla sin igual.
Los disidentes advirtieron que esta nueva confiscación responde a sus «firmes posiciones y declaraciones sobre las brutales acciones de la dictadura», en especial tras las recientes medidas contra el general retirado Humberto Ortega, cuestionador de la dinastía familiar.
La oleada expropiatoria de Ortega no se detiene. Según una investigación, el Estado ha confiscado ilegalmente propiedades por al menos 250 millones de dólares a ONG, medios, empresarios y apátridas, en una «nueva piñata» que recuerda a las expropiaciones masivas de los años 80.
En un régimen que sofoca la disidencia, el ataque a Baltodano y López Campos representa un nuevo zarpazo contra quienes se atreven a disentir del poder autocrático que ahoga a Nicaragua.
