El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado un presunto «golpe de Estado» en su contra luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recomendara formular cargos en su contra por presunta financiación irregular durante su campaña. La investigación, que también involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña de Petro, ha generado un fuerte revuelo en el país.
La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que será discutida por los nueve magistrados del CNE, ha llevado a Petro a convocar a un levantamiento popular pacífico en su defensa, alegando que se ha roto el orden constitucional en Colombia.
La indagación contra la campaña presidencial de Petro inició en febrero de 2023 por presuntas irregularidades en su financiación. El CNE decidió abrir una indagación preliminar tras una queja anónima sobre la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.
Petro ha manifestado que esta decisión del CNE es inconstitucional, ya que, según él, la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El CNE ha rechazado las declaraciones del mandatario, afirmando que ponen en riesgo a sus magistrados y quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático.
El caso sigue en desarrollo y se espera una decisión final por parte del CNE en los próximos días. La situación política en Colombia se mantiene tensa, con diversas opiniones y posturas frente a este acontecimiento.