El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado restricciones de visado para funcionarios de la República Popular China (RPC) en respuesta a la represión ejercida contra comunidades religiosas y étnicas. Esta medida subraya el compromiso de Washington en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente en regiones como Xinjiang, Hong Kong y Tíbet.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes sobre la imposición de restricciones de visado a funcionarios de la República Popular China (RPC) debido a la “represión” contra comunidades religiosas y étnicas “marginadas”. Esta decisión forma parte de los esfuerzos continuos de Washington para promover la rendición de cuentas en defensa de los Derechos Humanos en China.
“Estados Unidos sigue promoviendo la rendición de cuentas en defensa de los Derechos Humanos en China”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Washington criticó a Beijing por no cumplir con sus compromisos de respetar y proteger los Derechos Humanos, señalando específicamente el “genocidio y crímenes contra la humanidad” en Xinjiang, donde la minoría musulmana uigur ha sido objeto de graves abusos.
El comunicado también menciona la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong, que se ha visto agravada por la nueva legislación sobre seguridad nacional aprobada en marzo. Esta ley, según la Administración estadounidense, podría ser utilizada para eliminar la disidencia. En respuesta, el Departamento de Estado ya había anunciado restricciones de visado para funcionarios de este territorio.
Además, las persistentes violaciones de Derechos Humanos en el Tíbet y la represión transnacional ejercida por las autoridades chinas han sido factores determinantes para estas medidas. En relación a esto, el presidente Joe Biden anunció la «Ley para promover la resolución del conflicto entre el Tíbet y China», destinada a fomentar los derechos de los tibetanos y preservar su patrimonio cultural, lingüístico y religioso.
“Mi Administración seguirá instando a la RPC a reanudar el diálogo directo, sin condiciones previas, con el Dalai Lama, o sus representantes, para buscar un acuerdo que resuelva las diferencias y conduzca a un acuerdo negociado sobre el Tíbet”, afirmó Biden en una nota de prensa.
Por último, el Departamento de Estado instó a las autoridades chinas a respetar los Derechos Humanos y a liberar incondicionalmente a los detenidos arbitrariamente. Estas recomendaciones han sido respaldadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En paralelo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, también anunció sanciones contra una empresa iraní implicada en la proliferación de armas químicas. “El Departamento de Estado ha impuesto hoy sanciones a la empresa de investigación Hakiman Shargh por su participación en la investigación y desarrollo de armas químicas en Irán”, explicó Miller. Estas sanciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 13382, dirigida contra los proliferadores de armas de destrucción masiva.
Miller reiteró que Irán no ha cumplido con la Convención sobre Armas Químicas desde 2018 y que Estados Unidos seguirá oponiéndose a cualquier intento del régimen iraní de desarrollar armas químicas. Estas declaraciones coinciden con la sentencia de un tribunal iraní que condena a Estados Unidos a pagar $6.800 millones en concepto de daños causados por las sanciones impuestas tras abandonar unilateralmente el acuerdo nuclear en 2018.
Estas medidas destacan la firme postura de Estados Unidos en la defensa de los Derechos Humanos y la seguridad global. La comunidad internacional observa con atención estas acciones, esperando que contribuyan a una mayor responsabilidad y respeto por los Derechos Humanos. Es crucial que los gobiernos de todo el mundo se unan en la condena de las violaciones y trabajen juntos para promover la justicia y la paz.