La noche del jueves pasado, la Policía Nacional de El Salvador arrestó a Christian Flores, comisionado presidencial del gobierno de Nayib Bukele, por presuntos actos de corrupción. Según la Fiscalía General, Flores habría exigido dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del Gobierno.
Estas acusaciones se suman a una serie de medidas que el presidente Bukele ha tomado en su lucha contra la corrupción. En junio de 2023, anunció una «guerra frontal» contra este flagelo, prometiendo incluso la construcción de una cárcel especial para los corruptos.
Sin embargo, estas acciones han generado controversia. Organismos como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) han pedido al Congreso de El Salvador que derogue el régimen de excepción que permite estas medidas, argumentando que ya no es necesario debido a la disminución de los índices de violencia en el país.
El OUDH también cuestiona las cifras oficiales de homicidios, afirmando que la realidad es más grave de lo que se informa oficialmente. Según el Observatorio, en 2023 hubo 309 homicidios, una cifra considerablemente mayor a la reportada por las autoridades.
Estos eventos plantean interrogantes sobre el verdadero impacto de las políticas de seguridad y anticorrupción en El Salvador. Mientras tanto, la detención de Flores marca un hito en la cruzada de Bukele contra la corrupción, una batalla que parece estar lejos de terminar.