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Resumen: La defensa del exfuncionario municipal Alberto Llerena formalizó una querella penal contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, por el violento altercado del pasado 3 de agosto en el edificio Hatillo. El caso, que inicialmente se manejó como lesiones personales, escala a una solicitud de investigación por tentativa de homicidio debido a la gravedad de las secuelas de la víctima. Este conflicto legal no solo expone la responsabilidad de la administración local, sino que reabre el debate nacional sobre la legalidad y el uso de la fuerza por parte de la Policía Municipal.
El escenario político y judicial de la Ciudad de Panamá se tensa. Lo que comenzó como un reclamo de prestaciones laborales en los pasillos del edificio Hatillo ha escalado hasta los despachos del Ministerio Público como una querella penal formal.
La acción legal no solo señala al agente que ejecutó la fuerza, sino que apunta directamente a la cúpula: el director de la Policía Municipal y el propio alcalde de la capital, Mayer Mizrachi.
El origen del conflicto: ¿Qué pasó en el edificio Hatillo?
El pasado 3 de agosto, un grupo de exfuncionarios municipales se concentró en la sede de la Alcaldía para exigir pagos pendientes. En medio de la tensión, Alberto Llerena, quien según su defensa no participaba de la protesta sino que acudía a retirar un cheque, se vio involucrado en un forcejeo con miembros de la Policía Municipal.
Las imágenes del incidente muestran una caída aparatosa por las escaleras del edificio. Llerena quedó inmóvil en el suelo, sufriendo traumas severos en la cabeza que requirieron una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Santo Tomás.
De lesiones personales a tentativa de homicidio
La gravedad del cuadro médico de Llerena obligó a su defensa, liderada por el abogado Valentín Jaén, a replantear la estrategia judicial. La denuncia inicial por lesiones personales se ha transformado en una querella que solicita investigar los hechos bajo la figura de tentativa de homicidio.
La defensa argumenta que existió una fuerza desmedida y busca determinar si las acciones u omisiones de los mandos superiores, incluyendo a Mayer Mizrachi, configuran una responsabilidad penal por cadena de mando.
| Aspecto Clave | Denuncia Inicial | Querella Actualizada |
|---|---|---|
| Delito Principal | Lesiones personales | Tentativa de homicidio |
| Implicados Directos | Agente municipal involucrado | Agente, Director de la Policía Municipal y Alcalde |
| Objetivo Jurídico | Resarcimiento de daños físicos | Establecer responsabilidades penales y jerárquicas |
| Situación de la Víctima | Hospitalización de urgencia | Secuelas graves tras intervención quirúrgica |
La postura de Mayer Mizrachi y el vacío legal de la Policía Municipal
Mizrachi calificó el suceso de «lamentable» y reconoció públicamente que el proceder del cuerpo de seguridad municipal no cumplió con los estándares de disuasión esperados. Pero, más allá del mea culpa del alcalde, el incidente destapa una crisis estructural mayor.
La Policía Municipal de Panamá opera bajo el Acuerdo Municipal 162 del 17 de junio de 2025, un documento altamente cuestionado. De hecho, este acuerdo enfrenta una demanda de nulidad por parte del Ministerio de Seguridad Pública y una demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado Ernesto Cedeño ante la Corte Suprema de Justicia. La pregunta de fondo es si un municipio posee la facultad constitucional para estructurar un cuerpo armado con atribuciones de requisa y aprehensión.
La Defensoría del Pueblo ya mantiene abierta una investigación de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que añade presión sobre la gestión del alcalde.
Preguntas Frecuentes sobre Mayer Mizrachi
¿La querella penal significa que Mayer Mizrachi es culpable?
No. La presentación de la querella permite a los abogados de la víctima participar activamente en la investigación del Ministerio Público, pero se mantiene intacta la presunción de inocencia de todos los señalados hasta que un tribunal dictamine lo contrario.
¿Por qué se incluye al alcalde si él no estuvo físicamente en la agresión?
La defensa busca establecer si existió responsabilidad por omisión o por la emisión de directrices que permitieran el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Municipal, apelando a la responsabilidad jerárquica del jefe de la comuna.
¿Qué pasará ahora con la Policía Municipal de Panamá?
Su estatus legal pende de un hilo. Mientras el Ministerio Público investiga penalmente la agresión, la Corte Suprema de Justicia debe resolver las demandas que cuestionan la constitucionalidad del acuerdo municipal que le dio vida a esta fuerza de seguridad.
