De un plumazo y en medio de negociaciones quieren desconocer los derechos y la inversión en Naos

La seguridad jurídica no puede depender del cambio de una administración, del criterio circunstancial de un funcionario ni de una resolución emitida cuando todavía existían conversaciones entre el Estado y una empresa privada. Lo ocurrido con Naos Harbour Island Inc. y el empresario Marcos Shrem merece una explicación amplia, transparente y responsable.

Según la información conocida, desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026 se desarrollaron conversaciones relacionadas con una posible compra de los terrenos ocupados por la empresa en Amador. En ese proceso habrían participado instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, realizando avalúos sobre parcelas donde durante años se han ejecutado inversiones privadas, construido edificios y desarrollado una actividad económica visible.

Sin embargo, mientras esas negociaciones y evaluaciones avanzaban, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos emitió la Resolución No. MEF-RES-2026-1134, mediante la cual resolvió administrativamente el contrato de concesión. La empresa impugnó esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que todavía tendría pendiente pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

Aquí no se trata de regalar tierras del Estado ni de permitir que alguien se apropie irregularmente del patrimonio nacional. Se trata de respetar el debido proceso, los contratos, las inversiones realizadas y los mecanismos legales disponibles para resolver cualquier diferencia. Un Estado de derecho no puede invitar a invertir, negociar durante meses y luego pretender desconocer, de un plumazo, los derechos adquiridos por quien confió en sus instituciones.

Marcos Shrem ha manifestado que cualquier posible adquisición deberá ajustarse estrictamente al marco jurídico vigente. Incluso ha reconocido que existen áreas de valor histórico y patrimonial, como los antiguos búnkeres, que deben conservarse y que sería irresponsable enajenar. Esa posición demuestra que el debate no tiene por qué reducirse a una confrontación entre el Estado y el sector privado.

La pregunta legítima es otra: ¿por qué se permitió durante años la construcción de torres, el desarrollo de proyectos y la colocación de millones de dólares en estas parcelas, para después cuestionar abruptamente la continuidad de la concesión? ¿Qué mensaje recibirán los inversionistas nacionales y extranjeros cuando vean que un contrato puede quedar en el aire mientras todavía existen avalúos, conversaciones y procesos judiciales pendientes?

Las autoridades están obligadas a defender los bienes públicos, pero también deben honrar los compromisos del Estado y actuar con coherencia. Si existieron incumplimientos, deberán demostrarse mediante procedimientos claros y con derecho a defensa. Si existe una fórmula de compra, arrendamiento o continuidad de la concesión, debe analizarse con transparencia, sin favoritismos y procurando proteger tanto el patrimonio estatal como las inversiones legítimamente realizadas.

Defender la seguridad jurídica de Marcos Shrem y de Naos no significa colocarlos por encima de la ley. Significa exigir que la ley también proteja al ciudadano y al empresario frente a decisiones administrativas que pueden destruir años de trabajo, empleos e inversión. Panamá necesita capital, desarrollo y confianza. Esa confianza comienza cuando la palabra del Estado, sus contratos y sus negociaciones tienen verdadero valor.