¿Basta un apellido ilustre para escapar del escrutinio?

El caso de Ramón Alberto Chiari Brin y la vieja sombra de los créditos fiscales

En Panamá existe una vieja percepción que ha perseguido durante décadas al poder financiero: que algunos hombres de saco y corbata creen estar por encima del ciudadano común. No necesitan esconderse en callejones ni actuar de madrugada; operan desde oficinas elegantes, rodeados de abogados, contratos y firmas. Esa es precisamente la razón por la que los llamados delitos económicos despiertan tanta indignación: porque el dinero desaparece sin disparos, pero el daño lo termina pagando todo un país.

Hoy, en medio de la investigación del presunto fraude millonario relacionado con créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos, el nombre de Ramón Alberto Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá, ha entrado al debate público tras los señalamientos realizados por el expresidente Ricardo Martinelli y la circulación de un contrato de cesión de créditos fiscales por más de B/.10.8 millones. La existencia de ese documento no constituye, por sí sola, prueba de una conducta ilícita, pero sí plantea preguntas legítimas sobre los controles aplicados en este tipo de operaciones.

La banca y las aseguradoras han sido históricamente actores fundamentales de la economía panameña. Precisamente por ello, el nivel de diligencia que se espera de estas instituciones debe ser proporcional a la confianza que administran. Cuando aparecen operaciones millonarias vinculadas a recursos públicos, el país tiene derecho a preguntar qué verificaciones se realizaron, cómo se evaluó el origen de los créditos y si se cumplieron todos los protocolos de debida diligencia.

Más allá de un apellido reconocido, de una trayectoria empresarial o de los vínculos con familias históricas de Panamá, el principio debe ser el mismo para todos: nadie puede quedar al margen del escrutinio público cuando existen investigaciones sobre recursos que pertenecen al Estado. La reputación no sustituye la transparencia, y la historia familiar tampoco reemplaza la obligación de rendir cuentas.

Durante años, los panameños han visto cómo los grandes escándalos financieros terminan con funcionarios de menor rango enfrentando procesos, mientras quienes participaron desde los niveles corporativos rara vez responden públicamente. Esa percepción es la que alimenta el término popular de los «delitos de cuello blanco«: hechos que, cuando ocurren, se ejecutan desde posiciones de poder económico y requieren investigaciones rigurosas, no prejuicios ni impunidad.

Si Ramón Alberto Chiari Brin, BAC Panamá o cualquier otra entidad actuaron conforme a la ley, corresponde que las investigaciones lo determinen y que las explicaciones sean claras. Pero si existieron fallas, omisiones o responsabilidades, la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Porque la confianza en las instituciones no se protege ocultando preguntas. Se fortalece respondiéndolas.