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Resumen: La construcción en Panamá busca un nuevo impulso tras la pérdida de 100,000 empleos desde 2023. Sindicatos y empresas han presentado una propuesta ante la Asamblea Nacional para reformar la Ley de Contrataciones Públicas y eliminar la excesiva burocracia, que actualmente obliga a superar más de 80 trámites en 15 instituciones distintas antes de iniciar cualquier obra. Con un aumento del 43.5% en permisos durante el primer cuatrimestre de 2026, el sector intenta cerrar una brecha del 44% respecto a sus niveles máximos. La estrategia se centra en facilitar la inversión privada, agilizar las licitaciones públicas y reactivar el financiamiento para viviendas de bajo costo, elementos críticos para recuperar la estabilidad laboral en el país.
La construcción en Panamá atraviesa un punto de inflexión. Como principal motor de empleo formal para trabajadores sin formación universitaria, su estancamiento impacta directamente en el desempleo nacional, que alcanzó el 10.4% en marzo de 2026. La reciente entrega de propuestas a la Submesa Técnica Legal representa el primer esfuerzo coordinado entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores para desmantelar las barreras que frenan el desarrollo inmobiliario.
El impacto de la burocracia en la obra pública
La principal traba identificada por los gremios es la fricción regulatoria. Superar 80 trámites en 15 instituciones diferentes antes de poner el primer ladrillo es insostenible para los promotores pequeños. Esta carga administrativa no solo eleva los costos finales de las viviendas, sino que expulsa a los actores más ágiles del mercado, dejando el terreno solo a grandes corporaciones con capacidad para soportar años de gestión legal.
Reformas clave en la Ley de Contrataciones Públicas
El sector exige cambios estructurales en la Ley 22 de Contrataciones Públicas. El objetivo es claro: acelerar los tiempos de licitación. Si el Estado logra reducir los plazos procesales, el efecto dominó beneficiará a toda la cadena de valor, desde los proveedores de materiales hasta las empresas de subcontratación especializada.
Vivienda de bajo costo: El motor social
El mercado de viviendas de bajo costo ha sido el más afectado desde 2024. La propuesta actual busca que los bancos estatales, como el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, retomen un rol activo en el financiamiento. Este segmento no solo es un negocio inmobiliario, sino una herramienta de contención social que permite a miles de familias acceder a una vivienda digna mientras genera miles de empleos directos en las obras.
Preguntas Frecuentes sobre Construcción
¿Por qué se perdieron tantos empleos en el sector desde 2023?
La combinación de una burocracia extrema, la ralentización de los proyectos públicos y la falta de financiamiento para proyectos de bajo costo provocó una contracción severa que desincentivó nuevas inversiones.
¿Qué resultados se esperan de la mesa tripartita?
Se busca consolidar un informe con reformas legales concretas que agilicen los trámites y aseguren el flujo de crédito hipotecario, con la meta de reducir la brecha actual del 44% en permisos de construcción.
¿Cuándo entrarían en vigor estas medidas?
La submesa de economía e inversión tiene previsto finalizar su informe técnico en los próximos 10 a 15 días tras consultar con las entidades bancarias correspondientes.
