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Resumen: La Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas han intensificado su capacidad fiscalizadora mediante una ofensiva patrimonial sin precedentes. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, se han dictado medidas de secuestro y cautelación de bienes por un total superior a los $18.2 millones contra exfuncionarios públicos. Estas acciones, fundamentadas en auditorías forenses y resoluciones de protección del patrimonio estatal, buscan garantizar la recuperación de fondos ante supuestas irregularidades. Los casos incluyen al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, el exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, y la exdirectora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río, quienes enfrentan el congelamiento de activos mientras avanzan los procesos administrativos y judiciales correspondientes.
La Contraloría General es la entidad encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos y proteger el patrimonio estatal mediante auditorías y medidas cautelares. Recientemente, ha coordinado con el Tribunal de Cuentas una serie de acciones legales para inmovilizar bienes de exfuncionarios investigados por presuntas lesiones patrimoniales.
La ofensiva contra el patrimonio público
El Estado ha adoptado una postura más agresiva utilizando herramientas legales como la Resolución N.° 3126-2025-LEG/PJ. Esta normativa permite a la Contraloría intervenir cuentas, suspender pagos y congelar activos cuando los informes de auditoría detectan riesgos de dilución de bienes antes de que concluyan los juicios de cuentas.
El caso de Publio De Gracia
El expediente con mayor impacto económico alcanza los $16.3 millones. La auditoría señala presuntas incorrecciones en exoneraciones fiscales otorgadas a la empresa FCC Construcción S.A. entre 2013 y 2015. El Tribunal de Cuentas dictó la medida bajo los principios de apariencia de buen derecho y riesgo de mora, afectando inmuebles, vehículos y cuentas bancarias del exdirector de la DGI.
Por su parte, el exfuncionario ha rechazado las conclusiones, argumentando que sus decisiones se basaron en leyes de regularización tributaria post-pandemia y defendiendo la transparencia de su gestión ante el Tribunal Administrativo Tributario.
Auditorías forenses: El origen de las medidas
Más allá de los casos tributarios, la Contraloría ha aplicado auditorías forenses para identificar desequilibrios patrimoniales:
- Noriel Araúz Villarreal: Se detectó una diferencia de $1.3 millones entre ingresos conocidos y movimientos financieros.
- Nadia Yannick Del Río Fernández: La auditoría reveló una discrepancia de más de $576,000 en recursos utilizados frente a fuentes legítimas.
Estas medidas no implican una condena definitiva, sino una salvaguarda para evitar que los activos desaparezcan mientras se esclarecen las posibles responsabilidades.
Preguntas Frecuentes sobre Contraloría General
¿Qué es una medida de secuestro patrimonial?
Es una medida cautelar que impide la disposición o venta de bienes para asegurar que, si se comprueba una lesión al Estado, existan activos suficientes para resarcir el daño.
¿Significa el secuestro que el exfuncionario es culpable?
No. Las medidas de la Contraloría son preventivas y administrativas. La culpabilidad o responsabilidad patrimonial debe ser determinada tras el debido proceso en el Tribunal de Cuentas.
¿Qué bienes puede embargar la Contraloría?
La entidad puede ordenar la cautelación de inmuebles, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, naves, aeronaves y cualquier derecho registrable que pertenezca al investigado.
