Agentes de la Policía Nacional y Ministerio Público en operativo contra la corrupción en La Chorrera

Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional coordinan acciones contra la corrupción en caso de peculado en La Chorrera

La lucha contra la corrupción en Panamá sumó un nuevo capítulo tras una operación conjunta entre la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, que derivó en la aprehensión de un exalcalde de La Chorrera y un exfuncionario municipal, presuntamente implicados en el delito de peculado.

La denominada Operación Refugio Seguro, liderada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y ejecutada con apoyo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), permitió ubicar y detener a ambos exservidores públicos en distintos puntos del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos están vinculados a una investigación por delitos contra la administración pública, específicamente por la presunta malversación de fondos en perjuicio del municipio. Las pesquisas, iniciadas en 2025, apuntan a irregularidades en el manejo de recursos provenientes del programa de Impuesto de Bienes.

Estos fondos estaban destinados a la construcción de un hogar para adultos mayores; sin embargo, la obra fue levantada en un terreno privado y no cumplió con las condiciones contractuales establecidas. Actualmente, el proyecto se encuentra abandonado y en franco deterioro, pese a haber recibido financiamiento estatal.

Durante los operativos, las autoridades también lograron recopilar documentación relevante que será clave en el avance del proceso judicial.

Los aprehendidos serán presentados ante jueces de garantías, quienes deberán evaluar la legalidad de las detenciones, la formulación de cargos y las posibles medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar ejerciendo la acción penal en los casos de corrupción, mientras que la articulación interinstitucional con la Contraloría y la Policía Nacional refuerza los esfuerzos del Estado para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

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