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Panamá vuelve a estremecerse ante una nueva ola de aprehensiones de representantes de corregimiento y exalcaldes vinculados al manejo de fondos de la descentralización paralela durante el pasado gobierno, una estructura creada —según críticos— para agilizar recursos, pero que hoy se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público.
Aunque *hasta el momento no existe imputación formal* contra el exvicepresidente y excandidato presidencial Gaby Carrizo, fuentes políticas y judiciales de carácter privado señalan que las investigaciones estarían escalando hacia niveles más altos de decisión, lo que ha encendido las alarmas en el entorno del denominado “círculo cero” del exgobernante.
Un goteo de detenciones que no se detiene
Las recientes aprehensiones no serían hechos aislados. Fuentes cercanas a las investigaciones aseguran que existirían alrededor de 200 expedientes abiertos, relacionados con presuntas irregularidades en la asignación, uso y justificación de fondos públicos destinados a juntas comunales y municipios.
De acuerdo con estas versiones, en los próximos días podrían producirse nuevas detenciones, lo que confirmaría que el Ministerio Público estaría avanzando en una segunda y tercera línea de responsabilidades, más allá de los ejecutores directos.
El nombre que todos murmuran, pero nadie acusa… todavía
En círculos políticos y mediáticos, el nombre de Gaby Carrizo aparece con insistencia, no como imputado, sino como figura clave dentro del engranaje político-administrativo que impulsó y defendió el modelo de descentralización paralela.
Analistas consultados señalan que, de comprobarse una cadena de mando político, las investigaciones podrían apuntar a responsabilidades administrativas o políticas, aunque recalcan que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Hasta ahora, Carrizo no ha sido llamado por las autoridades, ni se ha anunciado investigación formal en su contra, pero el creciente volumen de casos mantiene viva la presión pública.
Un tema que amenaza con sacudir al viejo poder
El escándalo de la descentralización se perfila como uno de los capítulos más sensibles del legado del gobierno anterior, especialmente porque toca directamente a estructuras territoriales que operaron con amplios márgenes de discrecionalidad.
Mientras el país espera respuestas claras, la justicia avanza a paso firme, y la opinión pública se pregunta si las investigaciones se quedarán en los eslabones débiles o si, esta vez, llegarán hasta la cúspide del poder político.
Por ahora, todo se mueve entre expedientes, rumores bien informados y un silencio que genera más preguntas que respuestas.
Nota editorial
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
