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En política hay coincidencias… y hay patrones. Lo de Alberto “Beto Bagatrac” Jurado parece, cada vez más, lo segundo.
Desde Boquerón hasta David, su nombre ya no solo se escucha en las papeletas electorales, sino también en los pasillos donde se reparten contratos, se negocian influencias y se construyen poderosos silencios. Y en el centro de esa red aparece siempre la misma sigla: BAGATRAC.
Según reportes e investigaciones periodísticas, esta empresa no solo participó activamente como donante en la campaña del PRD en 2019, sino que posteriormente acumuló más de 219 millones de dólares en contratos con el MOP durante la administración de Laurentino Cortizo. Una cifra que, por sí sola, levanta preguntas incómodas en cualquier democracia que se respete.
Pero el dato no se queda ahí. Solo en 2025, BAGATRAC habría sumado *$42.8 millones en 14 contratos, de los cuales *$8.9 millones fueron adjudicados de manera directa**, bajo el argumento de “emergencia ambiental”. Un mecanismo legal, sí… pero también ampliamente cuestionado cuando se convierte en atajo recurrente.
Y como si fuera poco, el propio Jurado —de acuerdo con información judicial conocida públicamente— admitió el pago de coimas en el caso Blue Apple por casi $3 millones, acogido luego a un acuerdo de colaboración eficaz. Un episodio que debería marcar distancia en la vida pública de cualquier figura política… pero que, en este caso, parece no haber frenado su ascenso.
Por el contrario, Jurado no solo ha sido electo en dos ocasiones consecutivas desde 2019 como representante en Boquerón por libre postulación, sino que además amplía su presencia política y social. Su aparición como abanderado en la cabalgata de San José en David —entre tarimas, fuegos artificiales y espectáculo— no pasó desapercibida. Más que una celebración, pareció una demostración de poder.
La pregunta es inevitable:
¿Se trata de liderazgo genuino o de una estrategia cuidadosamente financiada?
La dualidad entre empresario contratista y figura política sigue siendo el eje de la polémica. Más aún cuando surgen vínculos empresariales con actores políticos locales, como el caso de la alcaldesa de Boquerón, Jesenka Espinosa, quien según registros, tuvo relación gerencial con BAGATRAC en el pasado.
Todo esto ocurre bajo un marco legal que, en su momento, permitió que empresas contratistas del Estado financiaran campañas políticas, siempre que se reportaran al Tribunal Electoral. Legal, sí. Ético… es otra conversación.
Hoy, lo que se percibe en Chiriquí no es solo crecimiento empresarial. Es la consolidación de una estructura donde el poder económico y el poder político parecen caminar de la mano.
Porque cuando una empresa financia campañas, gana contratos millonarios y su principal figura escala posiciones políticas sin mayor resistencia, la línea entre lo público y lo privado deja de ser difusa… y empieza a desaparecer.
Y entonces, la pregunta deja de ser incómoda para convertirse en urgente:
¿Está BAGATRAC construyendo infraestructura… o influencia?
