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Documentos oficiales revelan que una estructura de telecomunicaciones de aproximadamente 20 metros presenta una ubicación distinta a las coordenadas registradas ante ASEP. Mientras tanto, la administración del alcalde Diógenes Galván mantiene abierto un expediente que exige explicaciones sobre los permisos y la legalidad de la instalación.
Una denuncia ciudadana en la comunidad de Costa de Oro II, corregimiento de Sabanitas, pone bajo escrutinio la instalación de infraestructura de telecomunicaciones vinculada visualmente a TIGO y plantea serias interrogantes sobre la capacidad de fiscalización de las autoridades municipales de Colón.
El caso está respaldado por dos documentos: un acta de inspección de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), fechada el 12 de mayo de 2026, y una comunicación oficial de Ingeniería Municipal del 19 de junio de 2026.
El hallazgo más delicado aparece en el informe de ASEP: la ubicación real de la estructura tipo monopolo, de aproximadamente 20 metros de altura, no coincide con las coordenadas registradas ante la entidad reguladora.
La inspección también señala que el medidor eléctrico mantenía el nombre de TIGO y estaba ubicado dentro de una servidumbre pública. Sin embargo, al momento de la diligencia, la estructura no tenía instaladas antenas para prestar servicios de telefonía móvil.
La identificación del medidor no demuestra por sí sola que TIGO sea propietaria de la torre ni responsable de su construcción, asuntos que deben aclararse públicamente.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ALCALDÍA DE COLÓN?
La documentación municipal revela que Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. compareció ante Ingeniería Municipal el 28 de mayo de 2026 y afirmó haber realizado trámites desde noviembre de 2025 hasta obtener un permiso de construcción final.
Posteriormente, el 18 de junio, la empresa presentó nueva documentación a través de Tradycsa Services, S.A.
Pero existe un detalle que merece especial atención: el propio Municipio reconoció que todavía esperaba una postura final de ASEP respecto a la denuncia.
Esto obliga a preguntar qué verificaciones realizó Ingeniería Municipal antes de otorgar el permiso, especialmente frente a la discrepancia de coordenadas posteriormente documentada por ASEP.
El alcalde Diógenes Galván debe garantizar que su administración explique a los colonenses si la estructura fue construida exactamente donde estaba autorizada y si se cumplieron todas las condiciones técnicas y urbanísticas correspondientes.
TIGO TAMBIÉN DEBE DAR LA CARA
La empresa de telecomunicaciones tiene que aclarar públicamente cuál es su relación con esta infraestructura, por qué su nombre aparece en el medidor eléctrico y quién asumió la responsabilidad técnica y administrativa de la instalación.
Asimismo, corresponde a ASEP explicar si la diferencia de coordenadas constituye una infracción y si procede alguna medida correctiva.
La inspección registró una intensidad de campo eléctrico de 0.654 V/m, dato que, por sí solo, no demuestra una exposición peligrosa a radiaciones.
Aquí no se trata de oponerse al progreso ni a las telecomunicaciones. Se trata de exigir que las empresas respeten las normas y que las autoridades hagan cumplir la ley.
Los residentes de Costa de Oro II merecen respuestas documentadas, no expedientes que permanezcan indefinidamente abiertos.
La pregunta para TIGO y la Alcaldía de Colón es sencilla: ¿pueden demostrar que esta estructura se encuentra donde debe estar y que cuenta con todas las autorizaciones correspondientes?
Porque en Colón, como en el resto de Panamá, la inversión privada debe avanzar de la mano de la transparencia, la legalidad y el respeto a las comunidades.
