SE DEBE INVESTIGAR CONTRATACIÓN DIRECTA A FAMILIA POLÍTICA DE “GABY” POR $5 MILLONES EN PLENA PANDEMIA
EXCLUSIVO — El escándalo que sacude a Panamá revive en 2026
En plena pandemia, cuando el país enfrentaba crisis sanitaria, económica y social, un jugoso contrato de casi $5 millones fue otorgado directamente —sin licitación pública— a una empresa con vínculos familiares directos a la familia política del entonces vicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo Jaén.
Ahora, este caso resurge con más fuerza que nunca, justo cuando el vicepresidente de ese momento enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado, órdenes de aprehensión y acciones de la Contraloría, poniendo a Panamá en el ojo de la tormenta política. 🔎
💰 $5 MILLONES SIN LICITACIÓN: ¿PANDEMIA O PRIVILEGIO?
En septiembre de 2020, el Consejo de Gabinete del gobierno panameño aprobó, por procedimiento “excepcional”, un contrato para la “rehabilitación del edificio” de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), por la astronómica cifra de B/. 4,997,394.66 —aproximadamente $5 millones de dólares— y todo ello en medio del peor momento del COVID-19.
Ese contrato fue declarado de “alto impacto social” y refrendado con las *firmas de los principales ministros del Ejecutivo, incluyendo la del vicepresidente Carrizo, quien además era *secretario general del Consejo de Gabinete, el mismo que autorizó el multimillonario desembolso. 🖊️
🧑💼 LA EMPRESA BENEFICIADA: VÍNCULOS QUE NO CUADRAN
La adjudicataria fue una empresa inscrita años antes en el Registro Público, que registraba como presidente a José Alfonso Mariño y como vicepresidenta a su hermana. Hasta ahí, quizá nada fuera de lo común… hasta que se reexamina el árbol familiar:
🔹 Una hija de la vicepresidenta de la empresa es esposa del hermano del vicepresidente Gaby Carrizo.
🔹 Además, otros miembros del grupo familiar ocupan cargos dentro de la propia empresa contratista.
Esto no es un rumor: son vínculos familiares documentados, que muchos han descrito como una red de parentesco que une empresa contratista con el círculo íntimo del poder político.
🏛️ EN PLENA PANDEMIA… ¿CONFLICTO DE INTERÉS?
Mientras miles de panameños luchaban por quedarse con un salario, sobrevivir o no perder sus negocios, esta adjudicación:
📍 Se hizo sin convocar proceso competitivo abierto.
📍 Fue financiada en parte con fondos de bienes incautados.
📍 Fue defendida oficialmente como “beneficio ciudadano”.
Pero el silencio sobre una correcta declaración de conflicto de interés —o siquiera una mención formal de que existían vínculos familiares con altos funcionarios— levantó sospechas desde el primer momento.
⚖️ LA HISTORIA VUELVE… Y EN FORMA DE INVESTIGACIÓN PENAL
Hoy, en 2026, este contrato antiguo aparece bajo una nueva luz:
📌 La Fiscalía Superior Anticorrupción solicitó la aprehensión de José Gabriel Carrizo por presuntas irregularidades y enriquecimiento injustificado.
📌 La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas vinculadas al exvicepresidente dentro de investigaciones administrativas.
📌 Y varios medios locales señalan que este multimillonario contrato figura como parte del entramado que ahora la justicia examina con lupa.
¿Coincidencia? Para muchos analistas independientes, es un patrón que no se puede ignorar.
🚨 PREGUNTAS QUE EXIGEN RESPUESTA
Este no es simplemente un capítulo más de la política panameña. Este es un clásico caso de interrogantes sin resolver:
❓ ¿Por qué se otorgó un contrato de casi $5 millones sin licitación pública?
❓ ¿Hubo alguna vez una declaración formal de conflicto de interés?
❓ ¿Se justificó el uso de fondos incautados de forma transparente?
❓ ¿Quién certificó el cumplimiento y avance de la obra?
❓ ¿Por qué se eligió justamente a esa empresa con lazos familiares tan evidentes?
Mientras las autoridades guardan silencio parcial, la ciudadanía exige transparencia total y que se investigue con rigor este contrato que, para muchos, fue más que una simple adjudicación.
🧨 CONCLUSIÓN — NO ES SOLO HISTORIA, ES REALIDAD PRESENTE
Lo que en su momento fue presentado como una solución urgente para reforzar capacidades institucionales en plena pandemia, hoy se reevalúa como una posible red de privilegios, falta de transparencia, y utilización de recursos públicos sin rendición de cuentas.
En Panamá, el tema ya no puede ni debe quedar en el olvido. Es hora de que la justicia, la Contraloría y las autoridades electorales investiguen a fondo, sin excusas, sin pausas y sin esconder nombres.
Porque la verdad no puede ser rehén de la política… ni del poder familiar.
Nota editorial
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
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