Auditoría Forense alcanzará a Mayer Mizrachi y José Luis Fábrega: el Mercado Periférico de Chilibre, un escándalo de dos administraciones

El Mercado Periférico de Chilibre dejó de ser una simple obra pública inconclusa para convertirse en una prueba de fuego para la transparencia municipal. Lo que se observa en campo, según las imágenes difundidas, no parece guardar proporción con los montos que se han comprometido, pagado o autorizado alrededor del proyecto. Y cuando una obra pública huele a sobrecosto, atraso, adenda y silencio administrativo, la única salida responsable es una auditoría forense completa.

Este caso no puede limitarse a mirar hacia atrás ni tampoco puede convertirse en una excusa política del presente. La auditoría debe alcanzar tanto a la administración de José Luis Fábrega, bajo la cual se adjudicó y arrancó el proyecto, como a la administración actual de Mayer Mizrachi, en cuyo periodo se denuncia que se han seguido desembolsando recursos. La plata pública no cambia de dueño con el cambio de alcalde: sigue siendo dinero de los panameños.

El proyecto nació con un precio de referencia de B/.12.8 millones, según registros públicos de la Gaceta Oficial, y contemplaba estudio, diseño, planos, construcción y equipamiento del nuevo mercado en Chilibre. La licitación fue adjudicada luego por B/.11.9 millones, según reportes periodísticos de la época.

Pero ahí comienza la gran pregunta: ¿cómo se justifica que una obra que visualmente luce incompleta, con áreas internas todavía en condiciones de construcción, pueda reflejar costos tan elevados? Si el cálculo denunciado ronda los B/.11,666 por metro cuadrado, entonces estamos ante una cifra que exige explicación técnica, financiera y penal. No basta decir que “todo está en regla”. Hay que demostrarlo con planos, metrados, avalúos, informes de avance, actas de inspección, facturas, pagos, adendas y certificaciones de obra.

Las imágenes muestran un mercado con fachada institucional terminada, pero también áreas internas con locales sin operación, pasillos vacíos, infraestructura expuesta y trabajos que aparentan no estar concluidos. Ese contraste es precisamente el tipo de señal que debe activar una revisión profunda: no una auditoría cosmética, sino una auditoría forense que cruce cada balboa desembolsado con cada metro construido.

La denuncia pública señala además una adenda por B/.2,426,657.66, vinculada al Acuerdo Municipal No. 367 de 19 de diciembre de 2023, dato que también aparece en el documento mostrado en las imágenes. Si esa adenda existe y fue autorizada, debe explicarse con absoluta claridad: qué obra adicional cubría, quién la solicitó, quién la aprobó, qué estudios la sustentaron, qué avances se certificaron y qué pagos se hicieron.

Aquí también aparece el nombre de Joseph Behaim, señalado en la denuncia como beneficiario o figura vinculada al entramado contractual, y mencionado políticamente como “el consentido de Odila”. Esa relación, de existir en términos documentales, debe investigarse sin eufemismos. Pero la investigación no puede basarse en rumores: debe basarse en sociedades, contratos, representantes legales, beneficiarios finales, pagos, subcontratos y trazabilidad bancaria.

Lo grave no es solamente cuánto costó. Lo grave es la posible desconexión entre costo, avance físico y utilidad pública. Un mercado no se construye para decorar una foto ni para inaugurar cemento. Se construye para servir a productores, comerciantes, consumidores y comunidades. Chilibre y el área norte merecen una infraestructura funcional, no un monumento al despilfarro.

Por eso, la auditoría forense debe responder, como mínimo, cinco preguntas:

1. ¿Cuánto costó realmente el proyecto, incluyendo contrato original, adendas, pagos adelantados y pagos posteriores?
2. ¿Cuál es el avance físico real certificado por peritos independientes?
3. ¿Quiénes aprobaron los pagos y bajo qué informes técnicos?
4. ¿Qué responsabilidad corresponde a la administración Fábrega y cuál a la administración Mizrachi?
5. ¿Existió afectación al erario municipal?

El documento incluido en las imágenes pide precisamente diligencias de inspección ocular, copia del expediente de licitación, certificación de pagos al contratista, verificación del avance de obra y auditoría de la Contraloría para determinar si hubo o no afectación al erario municipal. Esa ruta es correcta, pero debe ejecutarse sin pacto de silencio.

Este no puede ser otro caso donde todos se acusan, todos se defienden y al final nadie responde. Si José Luis Fábrega adjudicó, debe explicar. Si Mayer Mizrachi recibió la obra, revisó el expediente o permitió nuevos pagos, también debe explicar. Si hubo contratistas privilegiados, deben comparecer. Si hubo funcionarios que certificaron avances inexistentes o dudosos, deben responder. Y si todo está bien, que lo prueben con documentos, no con discursos.

El Mercado Periférico de Chilibre puede convertirse en un símbolo de transparencia o en otro expediente archivado de la corrupción municipal. La diferencia estará en si la auditoría forense llega hasta el fondo o si se usa como espectáculo político.

Porque aquí no se trata de perseguir personas. Se trata de defender cada recurso de los panameños. Y cuando una obra pública levanta más dudas que certezas, el silencio también es una forma de complicidad.