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Panamá amanece con un nuevo escándalo de proporciones bíblicas. El nombre de Héctor Brands, figura hasta hace poco intocable, y el de su supuesto testaferro Elvis Rodríguez, resuenan en los pasillos de la justicia y del poder como protagonistas de un esquema que muchos califican como la mayor operación de corrupción y lavado de dinero en la última década.
Según fuentes cercanas al caso, se manejaron contratos estatales inflados que superan los $600 millones. Lo más indignante: de cada contrato, se habría cobrado un 10% de “peaje” para lubricar la maquinaria de corrupción. Eso significa que al menos $60 millones en efectivo fresco terminaron en manos privadas, bajo una red oscura de sociedades, testaferros y complicidades.
El papel de Elvis Rodríguez resulta clave. Se le señala como el encargado de mover el dinero, disfrazarlo, hacerlo pasar por “legítimo” y, lo más increíble, lograr que $60 millones circularan por el sistema bancario panameño sin que saltaran las alarmas. La pregunta que hoy se hace el país es:
- ¿Cómo se pudo lavar semejante cantidad en bancos regulados sin que ninguna autoridad financiera levantara la voz?
- ¿Cuántos cómplices internos habrían participado para silenciar operaciones tan grotescas?
- ¿Cuánto más de este dinero sucio sigue escondido en cuentas internacionales, propiedades de lujo y empresas fantasma?
Este no es un caso aislado. Es un espejo de cómo la corrupción corroe las entrañas del Estado. El pueblo panameño, que clama por hospitales dignos, escuelas decentes y medicinas en sus centros de salud, ve cómo se desangran miles de millones del erario público para alimentar los bolsillos de unos pocos.
El país está indignado. Se habla de un “robo descarado”, de un “atraco en traje y corbata”, de un esquema tan burdo y descarado que raya en lo criminalmente obvio.
Hoy, las autoridades tienen en sus manos la responsabilidad de investigar, destapar y procesar. Pero en Panamá la gente se pregunta con cinismo:
¿Habrá justicia o todo quedará enterrado en el olvido, como tantos otros casos?
El escándalo apenas comienza, pero la marca de los $600 millones y el fantasma de los $60 millones lavados ya quedará en la memoria nacional como uno de los golpes más duros a la transparencia.
PNN trato de contactar vía WhatsApp al exdiputado Brands, pero nos manifestó se encontraba ocupado en reunión.
No solamente deben investigar al Señor Brands, sino los bancos involucrados. Los bancos tienen una responsabilidad directa, ya que cuentan con un departamento de CUMPLIMIENTO. A estos señores de cumplimiento, se les debe incluir en las carpetillas del Ministerio Público, porque si tienen responsabilidad civil y penal en estos casos. Las personas que manejan bancos, saben que estoy diciendo con fundamento la verdad.