¿Quién se hará responsable?

La explosión ocurrida bajo el Puente de las Américas no es solo un accidente. Es una advertencia brutal, una señal de que en Panamá seguimos jugando con fuego… literalmente.

Hoy hay un muerto. Pero pudo haber sido una tragedia nacional.

Los primeros análisis apuntan a lo evidente para cualquier ingeniero o experto en hidrocarburos: una falla durante operaciones de trasiego. El momento más crítico, el más delicado, el que exige protocolos estrictos, sistemas de puesta a tierra, control de vapores y supervisión absoluta. Allí, donde no puede haber margen de error… ocurrió la ignición.

Y cuando ocurre en ese punto, casi siempre hay una constante: falló el procedimiento o falló la supervisión.

Pero lo más grave no termina ahí.

La ministra de Trabajo confirma que el operario fallecido no tenía permiso laboral desde 2021. Es decir, no estaba regularizado. No estaba habilitado. No debía estar allí.

Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder:

¿El seguro cubrirá los daños si quien operaba no cumplía con las condiciones legales mínimas?

Si la respuesta es no, entramos en un terreno aún más preocupante:
¿Quién paga entonces?

¿La empresa concesionaria?
¿El Estado por omisión?
¿Todos los panameños?

Porque aquí no estamos hablando de un taller cualquiera. Estamos hablando de una operación de combustible bajo una de las infraestructuras más críticas del país. El Puente de las Américas no es solo concreto y acero: es arteria logística, conexión nacional, símbolo estratégico.

Y sin embargo, debajo de él, operaba un parque de combustibles.

Eso no es casualidad. Eso es herencia… pero también es negligencia histórica.

Durante décadas, Panamá ha tolerado un modelo de riesgo concentrado en zonas como Balboa y La Boca. Infraestructura crítica conviviendo con operaciones de alto riesgo. Un error esperando suceder.

Y sucedió.

La reacción inmediata de la Autoridad Marítima de Panamá al suspender la concesión sin esperar peritaje no es normal. Es un mensaje. Uno claro: hay indicios serios de incumplimientos.

Entonces, la pregunta se vuelve aún más incómoda:

¿Se sabía?
¿Hubo inspecciones previas?
¿Se detectaron fallas que no se corrigieron?
¿Se permitió operar en condiciones que hoy cuestan una vida y ponen en riesgo una nación?

Este no es solo un caso de un operario sin papeles.
Eso es apenas la punta del iceberg.

Esto huele a cadena de negligencias:

• Operativas
• Regulatorias
• Y estructurales

Porque no basta con señalar a una empresa. Aquí hay responsabilidades compartidas.

Cuando un sistema falla, no falla en un punto… falla en todos.

Y ahora, con un puente posiblemente afectado, con una concesión suspendida y con dudas sobre la cobertura del seguro, el país entero queda expuesto a una realidad incómoda:

La irresponsabilidad sale cara. Muy cara.

Pero alguien tiene que pagarla.

La pregunta sigue en el aire, esperando una respuesta clara, valiente y transparente:

¿Quién se hará responsable?