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El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, ha tomado acción inmediata en respuesta a las graves acusaciones reveladas recientemente por el Contralor General de la República, Anel Flores, concernientes a la concesión de Panama Ports Company (PPC).
La Procuraduría General ha iniciado de oficio una investigación penal por posibles delitos contra la Administración Pública, tras las declaraciones que señalan irregularidades en la operación de la empresa concesionaria portuaria.
Mediante un oficio formal, Gómez ha solicitado al Contralor Flores que remita «copia autenticada del informe de auditoría» que detalla las presuntas irregularidades cometidas por PPC, incluida la práctica de tercerización de servicios supuestamente utilizada para reducir las utilidades reportadas al Estado panameño.
El impacto económico de estas irregularidades sería significativo, pues según las declaraciones del Contralor, el Estado panameño habría dejado de percibir aproximadamente 1,200 millones de balboas debido a incentivos y beneficios fiscales contenidos en el contrato de concesión.
Esta acción del Procurador demuestra un interés proactivo en esclarecer denuncias presentadas públicamente por funcionarios de alto nivel, sin esperar a que otras instancias presenten denuncias formales.
Es importante recordar que el 19 de febrero de 2025, el Procurador Gómez ya había cuestionado la constitucionalidad del contrato entre el Estado y Panama Ports Company mediante la Vista Fiscal No.1, donde señaló que el acuerdo podría infringir al menos 15 artículos de la Constitución Política de Panamá.
La investigación sigue en desarrollo mientras se espera que otros funcionarios sigan el ejemplo del Contralor y presenten denuncias formales que permitan a la Procuraduría tomar medidas adicionales.
