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El director del Servicio Nacional de Migración (SNM), Roger Mojica, anunció que la repatriación de migrantes irregulares que ingresan al país por la selva del Darién podría comenzar dentro de dos a tres meses. Esta medida forma parte de un programa que requiere una infraestructura completa y colaboración internacional.
Durante una conferencia de prensa, Mojica explicó que están en el proceso de establecer necesidades y equipos, con la colaboración de representantes de Estados Unidos. “Estamos haciendo visitas para determinar los requisitos que necesita Panamá para iniciar el programa de retorno voluntario”, afirmó Mojica.
El director también mencionó que la legislación panameña se refiere a la repatriación como «retorno voluntario», lo cual implica la voluntad del migrante y la aprobación del país receptor.
En sus primeros 15 días de gestión, el SNM realizó operativos conjuntos con la Policía Nacional, la Alcaldía de Panamá, el Metro de Panamá, la Alcaldía de San Miguelito y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Estos operativos resultaron en la verificación de 747 extranjeros y la emisión de 152 citaciones a personas de diversas nacionalidades, incluyendo colombianos, venezolanos y nicaragüenses.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo 29 deportaciones y expulsiones de personas encontradas en situación irregular debido a la vigencia expirada de sus documentos o por evadir puestos de control. “También tenemos en proceso 9 expulsiones más de individuos relacionados con delitos”, añadió Mojica.
Un caso notable en Lajas Blancas, Darién, involucró a una mujer venezolana con alerta de Interpol por salir del país con una menor sin autorización del padre. “Estamos realizando los trámites para entregar la menor a las autoridades correspondientes”, concluyó Mojica.
Este esfuerzo por regularizar la migración en Panamá subraya la importancia de una gestión migratoria efectiva y coordinada. La colaboración entre países y la implementación de estructuras adecuadas son cruciales para asegurar un proceso justo y ordenado. Panamá se enfrenta al desafío de equilibrar la seguridad nacional con los derechos humanos de los migrantes, un objetivo que requiere compromiso y cooperación internacional.
