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Tras avanzar en la reforma a la Caja de Seguro Social, el presidente José Raúl Mulino confirmó que su próximo gran desafío será resolver el conflicto con la mina de cobre en Donoso, cuyo cierre fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a irregularidades en el contrato de concesión con Minera Panamá.
Un tema complejo y con arbitrajes millonarios
Mulino describió la situación como «amplia» y «escabrosa», señalando que Panamá enfrenta seis o siete arbitrajes internacionales con reclamos que suman decenas de miles de dólares por daños y perjuicios. Para enfrentar este reto, el país ha contratado una firma de abogados especializada en la materia.
«El tema de la mina será abordado con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta en todo momento el interés nacional a proteger», aseguró el mandatario.
Autorizaciones clave para mitigar el impacto
Entre las medidas anunciadas, Mulino autorizó:
- La exportación del material molido que aún permanece en la mina, asegurando que su valor debe regresar a Panamá tras ser procesado en el extranjero.
- El encendido de la planta termoeléctrica vinculada a la mina y la importación de carbón para su funcionamiento.
- La incorporación de 300 megavatios adicionales al Centro Nacional de Despacho, medida clave para reforzar el suministro eléctrico del país.
Impacto económico y afectación a proveedores
El presidente también sostuvo reuniones con empresarios y proveedores afectados por el cierre de la mina, subrayando que la paralización de la operación ha generado:
- Pérdida del 5% del PIB nacional, afectando la economía.
- Aumento del desempleo en sectores relacionados.
- Menos ingresos para el Estado y retrasos en pagos a proveedores.
El futuro de la mina de Donoso sigue siendo incierto, pero el gobierno busca una salida que minimice el impacto económico y respete el marco legal.
